Por segundo año consecutivo, el PP (12 escaños) saca las castañas del fuego en la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este lunes firmó un acuerdo con CC (18), al que se unirá ASG (3), por el que el Ejecutivo de Fernando Clavijo se garantiza la tramitación del proyecto de ley. Como en toda negociación que se precie, las partes han cedido algo para encontrar un punto de equilibrio. Con todo, no es poco lo que el Partido Popular ha conseguido. “A cambio del apoyo, el Gobierno ha pasado del no a la bajada del IGIG bajo ningún concepto a un sí con ciertas condiciones”, celebró el líder de esta formación política de la oposición, Asier Antona, tras la simbólica rúbrica de un documento de siete páginas a dos caras. Al acto en la sede grancanaria de la presidencia asistieron, además de él y del propio Clavijo, los respectivos portavoces parlamentarios: José Miguel Ruano (CC-PNC) y Australia Navarro (PP). El mandatario elogió y agradeció “la responsabilidad demostrada a lo largo de toda la legislatura” por sus ahora, nuevamente, interlocutores ocasionales.
El pacto se estructura en tres bloques temáticos (política económica, fiscalidad y estabilidad presupuestaria/regla de gasto/ superávit) que giran alrededor de cuatro ejes: “El reforzamiento de los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y políticas sociales; la dinamización y competitividad de la economía canaria, y mantenimiento de la creación de empleo, con especial atención a las pymes y autónomos; una reducción de impuestos que permita una mejor redistribución de la riqueza y contribuir al fortalecimiento de los sectores económicos que crean empleo en Canarias, y la contención del gasto público, en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las cuentas autonómicas”.
Entre los aspectos más destacados, el tipo general del IGIC (el impuesto indirecto de Canarias equivalente al IVA) decrecerá del 7% al 6,5%. El PP quería un recorte de dos puntos, una demanda a la que no renuncia “si se autoriza el gasto del superávit”. El denominado IGIC social se sustanciará en una exención para los servicios de atención social y socio-sanitaria, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y noche y atención residencial y a la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia. El IGIC de los productos básicos manufacturados de la cesta de la compra (pan especial, pastas y aceites) disminuye desde el 3% hasta el 0%. En idéntica circunstancia se situará la entrega de energía eléctrica, una medida destinada a “reducir la factura eléctrica en todos los hogares y contribuir a la competitividad de las empresas e industrias implantadas en Canarias”. Los dos primeros tramos de la escala autonómica del IRPF se aminoran en un 0,5%. Las deducciones en la cuota del IRPF se incrementan a las familias numerosas: de 200 a 450 (3 y 4 hijos), de 400 a 600 (5 y más), así como de 500 a 1.000 (general) y de 800 a 1.100 (especial) para aquellas unidades con hijos discapacitados. También se amplía la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a los parientes del Grupo III (colaterales de segundo y tercer grado, entre tíos y sobrinos) “para permitir que muchas personas que cuidan de sus familiares se acojan a ella cuando sea mortis causa”.
La Ley de Servicios Sociales se financiará a través de una ficha presupuestaria exclusiva para su “puesta en marcha e implementación”. Con el horizonte del 5% del producto interior bruto (PIB) en 2022, se aumentará la dotación de Educación para “la mejora de la calidad, la digitalización de las aulas, la formación, capacitación y reconocimiento profesional del profesorado, y el refuerzo de la educación de 0 a 3 años como un estímulo de la conciliación de la vida familiar y laboral”.
En Sanidad se incorpora el compromiso de subir el gasto para “combatir las listas de espera, el despliegue completo del plan de urgencias, la atención a enfermos crónicos y cuidados paliativos, fortalecer la atención primaria y los programas dirigidos a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad”.
El impulso a los sectores económicos y productivos es, junto a la diversificación, una de las agujas con las que los diseñadores de las cuentas de 2019 pretenden coser el tejido empresarial de la región. Con miras a zurcir los bolsillos de los autónomos, se ha pensado en extender hasta los dos años la tarifa plana de 50 euros.
Por último, habrá una contención del gasto corriente de la Administración General de la Comunidad Autónoma, “salvo los que se refieren a la recuperación de derechos de los empleados públicos”. Ya está resuelto el crucigrama. Queda el sudoku.
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