La tramitación de la ley de buen gobierno va por su cuarta prórroga

El proyecto de la ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y buen gobierno está atrapado en un globo de chicle. Tanto es así que el plazo para la presentación de enmiendas al articulado se estira como una goma de mascar. Resulta que el grupo Popular registró el lunes un escrito dirigido a la Mesa del Parlamento por el que solicita la ampliación del periodo habilitado a tal efecto y que en principio concluiría el día 8. La nueva fecha coincidiría prácticamente con la entrevista del jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, con Pedro Sánchez en la Moncloa, prevista para el 25 de octubre. Eso, si no se vuelve a modificar el calendario. “Se ruega tener en cuenta que en breve comenzará la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019”, justifica la portavoz del PP, Australia Navarro.  

En capítulos anteriores, la Mesa decidió el 12 de junio “prorrogar el plazo de enmiendas”, cuyo vencimiento iba a ser el 13 de julio. El 9 de julio se añadió una quincena al 17 de septiembre. El 11 de septiembre se acordó computar otras quince jornadas. Y lo que queda.  

Fue el 9 de mayo, Día de Europa, cuando el pleno despejó el camino al rechazar la enmienda de devolución de Podemos. Noemí Santana arguyó que la iniciativa de Aarón Afonso (PSOE) se había “metido en algún cajón” y que el Ejecutivo en minoría sacó otra que “dista bastante”. La diputada enfocó las críticas en unas “sorpresas negativas”. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán (CC) defendido la “transparencia” en el cambio introducido sobre la reincorporación a la actividad privada, una revisión que Podemos considera un traje a la medida de los actuales titulares de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, y de Sanidad, José Manuel Baltar. Barragán alertó de los “efectos perniciosos” de la limitación a profesionales exitosos para regresar a sus puestos si se les “castigaba” con los dos años y se secaban sus fuentes de ingresos, algo que, resaltó, “no ocurriría con los empleados públicos”. En efecto, los conflictos de intereses son los aspectos que más controversia han generado. Sin embargo, este retraso es achacable especialmente a la carga de trabajo de sus señorías.