Tanto el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, como los representantes de los afectados por un posible desalojo masivo en Añaza pidieron en la mañana de ayer al Grupo Santander que, de acuerdo con lo expuesto por la propia entidad en el burofax que envió hace dos días a las instituciones canarias, proceda a frenar los desahucios actualmente en marcha en estas viviendas, y que lo haga por escrito.
Tras celebrar una reunión con los vecinos en la Casa de Los Dragos, Bermúdez explicó que la cita, la tercera de estas características celebrada en dos semanas, transcurrió en un ambiente más distendido que las anteriores por el alivio que ha provocado el anuncio de un preacuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Grupo Santander para la adquisición de las 358 viviendas de protección oficial que se sospechaba que podían acabar en manos de un fondo buitre llamado Cerberus.
José Manuel Bermúdez señaló que una vez que se adquieran las viviendas, estas pasarán a tener un régimen de alquiler social, por lo que “estamos ante una buena noticia porque le da tranquilidad y seguridad jurídica a las familias, puesto que hay una hoja de ruta para lograr una solución definitiva”.
Dicho alivio fue compartido por la activista de la PAH, Inma Évora, que habló como portavoz de los vecinos presentes. Sin embargo, como recordó Évora a preguntas de DIARIO DE AVISOS, para este mismo mes hay señalados varios lanzamientos en estos bloques de edificios, ante lo cual el alcalde se sumó a la solicitud de que desde el Santander se paralicen este tipo de acciones judiciales.
Évora y Bermúdez coincidieron igualmente en la necesidad de que representantes de la entidad accedan al fin a negociar directamente con administraciones públicas y afectados para frenar estos desalojos y, de paso, trabajar conjuntamente en dar solución a las deficiencias en el mantenimiento de las viviendas.
Bermúdez agradeció a los vecinos su organización y a Inma Évora que haya puesto por delante su trabajo desinteresado para ayudar a los vecinos afectados. A partir de ahora, tanto los Servicios Sociales del Ayuntamiento como los vecinos buscarán toda la documentación necesaria para que el Gobierno pueda estudiar la situación de cada familia.
Por último, el alcalde recordó que las viviendas tienen la condición de VPO, por lo que el Gobierno de Canarias tiene la facultad de ejercer el derecho de tanteo, de ahí que se haya mostrado seguro de que las viviendas van a ser propiedad del Ejecutivo “sí o sí”.
El diputado del Común celebra la reacción desde las administraciones públicas
El diputado del Común, Rafael Yanes, felicitó ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por el preacuerdo al que ha llegado con el consejero delegado del Grupo Santander en España, Rami Aboukhair, para evitar los desahucios previstos en dos promociones inmobiliarias existentes en el barrio santacrucero de Añaza y que, en su conjunto, suman un total de 358 hogares, todos ellos con la condición de Vivienda de Protección Oficial (VPO) hasta que expire el plazo de 15 años tras su edificación, lo que tendrá lugar en 2021.
Yanes destacó además la eficacia de la coordinación llevada a cabo por el Ejecutivo regional, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Cabe recordar que la Oficina del Diputado del Común abrió una queja de oficio tras tener conocimiento por DIARIO DE AVISOS de las sospechas sobre la posible venta de estas viviendas a un fondo buitre llamado Cerberus, ahora desmentidas por la propia entidad financiera.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas