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Canarias lidera la reacción de las RUP ante el ‘brexit’

La XXIII Conferencia de las Regiones Ultraperiféricas llega en un momento decisivo y confuso en las negociaciones con el Reino Unido
XXII Conferencia de las Regiones Ultraperiféricas de la UE, octubre de 2017 en Guayana Francesa. / DA
XXII Conferencia de las Regiones Ultraperiféricas de la UE, octubre de 2017 en Guayana Francesa. / DA

Desde la adhesión de España a la hoy Unión Europea, en 1986, Canarias ha evolucionado hacia una mayor integración en el bloque comunitario sin perder la sustancia de su singularidad. Para que ese trato particular no se diluyera en la insignificancia, ha tenido que compartirlo con territorios que, a excepción de Azores y Madeira, son muy distintos y bastante distantes. Estos tres archipiélagos de España y Portugal forman con Guadalupe, La Reunión, Mayotte, Guayana Francesa, Martinica y San Martín las llamadas, con dudosa fortuna, regiones ultraperiféricas (las RUP). En el marco de la legislación de la UE, se benefician de una “modulación del derecho europeo a través de adaptaciones, medidas específicas y derogaciones por las características que las definen” sobre el papel: “Gran lejanía, insularidad, pequeña superficie, relieve y clima adversos, y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo”.  Se acogen a la financiación de la política de cohesión a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo. 

En mayo de 1999, el artículo 299.2 del Tratado de Ámsterdam consolidó esa condición al establecer un suelo jurídico estable. El de Lisboa actualiza el estatus en su artículo 349, que añade al grupo a San Bartolomé y San Martín, que estaban adscritas administrativamente a Guadalupe. La primera dejó de ser RUP en 2012: “El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas orientadas a fijar las condiciones para la aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes. Se refieren, en particular, a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, el abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión”. El Estatuto de Autonomía del 6 de noviembre de 2018 incide en ello, literalmente: “Dada la lejanía, la insularidad y la condición ultraperiférica de Canarias, reconocidas por los Tratados constitutivos de la Unión Europea, la Constitución y el presente Estatuto, los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán en cuenta estas circunstancias cuando sea preciso adaptar sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias, cuando dichas circunstancias incidan de manera determinante en tales competencias, fijando las condiciones específicas para su aplicación en el Archipiélago. Especialmente, esta adaptación se producirá en materia de transportes y telecomunicaciones y sus infraestructuras; mercado interior; energía; medio ambiente; puertos; aeropuertos; inmigración; fiscalidad; comercio exterior; y, en especial, en el abastecimiento de materias primas y líneas de consumo esenciales y cooperación al desarrollo de países vecinos”. 

En una procelosa semana de arduas negociaciones sobre el brexit llega la XXIII Conferencia de las RUP, que cita en Las Palmas de Gran Canaria al delegado de la Unión Europea para la desconexión del Reino Unido, Michel Barnier, junto a Felipe VI. El presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, canceló el viaje a última hora por los “acontecimientos” que sacuden a Europa. Sí participan la comisaria de Política Regional, Corina Cretu; la ministra de Política Territorial española, Meritxell Batet; la de Ultramar de Francia, Annick Girardin, y la secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarías.  

En abril, la directora de Presupuestos, Comunicación y Asuntos Generales de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la CE, Dana Spinant, admitió que la marcha del Reino Unido abrirá “una brecha” económica, lo que obligará a hacer ajustes: “Los estados miembros deberán tomar decisiones políticas y determinar en qué aportan más dinero, porque a partir de 2020 habrá nuevas prioridades. Para cubrir el presupuesto, existe el doble dilema de proseguir con el crecimiento económico o atender a las necesidades de la inmigración, la mejora de la seguridad interna, el refuerzo en el control de fronteras o potenciar la investigación y el desarrollo”. 

En este escenario, el Ejecutivo canario ha reclamado un “tratamiento específico” para las RUP, al menos durante la fase de transición, “para que los daños colaterales sean los mínimos posibles”. De hecho, casi el 10% del producto interior bruto (PIB) regional es del turismo británico. “Ya nos vemos afectados por la depreciación de la libra, así que, en este momento hemos de estar muy atentos”, expuso el consejero Pedro Ortega en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la UE (CARUE), en la que la por aquel entonces vicepresidenta del Gobierno nacional, Soraya Sáenz de Santamaría, ofreció detalles a los responsables autonómicos en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. Fue en diciembre de 2017. Posteriormente, el 13 de abril de 2018 en Santa Cruz de Tenerife, Santamaría garantizó el “compromiso” para “dar la batalla” por las RUP, “puntas de lanza por la riqueza de su biodiversidad, el emplazamiento y el clima, para desarrollar innovación en astrofísica, bioeconomía, energías renovables y cambio climático”. 

Más adelante, en junio, el mandatario canario, Fernando Clavijo, firmó en Bruselas la Alianza de la Cohesión, un documento que enaltece “el claro valor añadido en empleo, crecimiento sostenible e infraestructuras modernas, superar los obstáculos estructurales, potenciar el capital humano y mejorar la calidad de vida”. La declaración reivindica “una política eficaz, con recursos suficientes de un tercio del presupuesto de la UE”. 

El 25 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó un incremento de la dotación del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) en el ejercicio 2019 a iniciativa de Gabriel Mato (PP). El proyecto publicado por la CE reducía la partida en un millón de euros: de los 420 millones de euros concedidos para 2018 a los 419. Meses antes, el presidente de la Eurocámara, el italiano Antonio Tajani, secundó las demandas de que el recorte del 3,9% en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) no afecte a las RUP. Estas celebran que las especificidades de la ultraperiferia se vean reflejadas “de manera extensa” en las propuestas de la Comisión Europea para el periodo posterior a 2020, lo que las sitúa en “una excelente posición de partida” El 15 de enero de 2018, los titulares de Agricultura de España, Francia y Portugal acordaron en Tenerife que las ayudas al sector primario de las RUP se arbitrarían al margen de la PAC. 

El Consejo de la UE había otorgado el beneplácito a la Comunicación de la Comisión Europea sobre “una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas, de octubre del año pasado. El punto 39 de las conclusiones plasma la “satisfacción” e invita a la CE a que siga trabajando en la atención de las regiones ultraperiféricas, “de conformidad con el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión por lo que respecta a sus necesidades y oportunidades”. 

Acompañado de sus homólogos de Azores y de la Guayana, además de representantes de Madeira, Reunión y Guadalupe, Fernando Clavijo despachó el 23 de marzo en Bruselas con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy; el de la república de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. De ese encuentro, una novedad en los más de veinte años de cooperación entre las RUP, salió reforzada la “unidad de acción” en defensa de las RUP, tras la renovación de la Estrategia Europea hacia las Regiones Ultraperiféricas y previamente a que se esbozara el esquema financiero y legislativo para el siguiente periodo.  

En esta convocatoria, Canarias entrega el testigo a San Martín, que Fernando Clavijo recibió el 27 de octubre de 2017 de manos de Rodolphe Alexandre (Guayana Francesa) con la misión de “concretar las prioridades, desarrollar los elementos de justificación y buscar los apoyos precisos para encarar las gestiones con éxito”. Las líneas maestras han girado en torno a tres ejes: “Avanzar en ámbitos de interés común; análisis y valoración exhaustiva de la Comunicación de la Comisión Europea, y la política de vecindad en las respectivas áreas de influencia”. 

Las Palmas de Gran Canaria albergó el 14 y 15 de octubre de 2009 la XV Conferencia de Presidentes de las RUP. El encargo que Canarias asumió el mismo mes de 2018 en Cayena (Guayana) se prolongó hasta 2010 para que coincidiera con la presidencia española de la Unión Europea. Ya en la XVI Conferencia de las RUP, en Santa Cruz de Tenerife, Paulino Rivero ilustró que las regiones ultraperiféricas “no son un jardín ni generan desventajas, sino que tienen enormes potencialidades”. Lo más difícil, reflexionó, “ha sido crear conciencia del valor y las capacidades” de las RUP. 

En junio de 2016, Cretu notificó que la Comisión Europea no cerraría la oficina dedicada a las RUP. ¡Hurra!  

San Martín toma el relevo 

Fernando Clavijo y Daniel Gibbes, el 15 de febrero de 2018. / DA

Fernando Clavijo traspasa la coordinación de la Conferencia de Presidentes de las RUP a su colega de la colectividad francesa de ultramar de San Martín, Daniel Gibbs, que visitó Canarias en febrero de este año. El dirigente que ahora toma el relevo cogió recortes del sistema fiscal y del modelo turístico de la región tras el paso del huracán que en septiembre arrasó el 95% de esa isla caribeña. 

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