El siete de febrero de 2018, el Cabildo recibía de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación un requerimiento para justificar la anualidad de 2016 del Fondo de Desarrolla de Canarias (Fdcan), ante las deficiencias que presentaba la documentación aportada por la institución insular. El pasado nueve de noviembre, desde el citado departamento del Gobierno de Canarias que dirige Javier Armas, y ante una situación muy parecida, pero relacionada con la anualidad de 2017 del Fdcan, el Cabildo recibió en cambio una resolución, no un requerimiento, en la que se daba por no justificada la gran mayoría de la inversión programada para ese año y la consiguiente obligación de devolver alrededor de 13,5 millones de euros.
Esta circunstancia ha desatado todas las alarmas en el Cabildo al no contar ahora con margen de maniobra para poder certificar la inversión y exponerse de esta manera a perder una importante cantidad de fondos para la isla de La Palma, tal y como sucedió en la anualidad anterior. Al presidente del Cabildo, el socialista Anselmo Pestana, no le cabe duda de que detrás de este cambio de estrategia del Ejecutivo canario con el Fdcan de La Palma hay motivos políticos y electorales, tal y como ha hecho público en reiteradas ocasiones desde que se desató esta crisis, que ha llegado a su clímax el pasado viernes, pero que venía caminando desde la puesta en marcha de este programa de inversiones.
Lo cierto es que la respuesta del Ejecutivo autonómico a la documentación aportada por el Cabildo a la anualidad de 2016 contrasta radicalmente con la resolución del pasado viernes y pone de manifiesto que en el plazo de nueve meses ha habido una reacción distinta por parte del Gobierno de Canarias en relación con el Cabildo palmero con respecto a la justificación del Fdcan y deja en el aire una suma millonaria de fondos que ya se han gastado en la Isla.
Llama la atención que el motivo en el que se apoya el Gobierno para resolver que no está justificada la mayor parte de la inversión de 2017 es el Informe de Intervención del Cabildo, cuyos reparos son casi idénticos a los que alega en la anualidad de 2016, en el que Hacienda sí otorgó un margen de tiempo a la Corporación para que aclarara la información, que finalmente fue justificada correctamente y ya ha pasado con éxito la primera de las dos auditorías.
Sobre dicha anualidad, en la que el Gobierno de Canarias observó también que la documentación entregada por el Cabildo no cumplía “los requisitos para la justificación”, se le requirió a la Corporación que “en el plazo improrrogable de 10 días naturales, se proceda a la subsanación de la documentación justificativa a través de Unifica”, tal y como aparece textualmente publicado en dicho documento al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS.
En el informe de Intervención sobre el Fdcan de 2016, señala textualmente el funcionario del Cabildo que “en un porcentaje que alcanza alrededor del 30% de las acciones que comprende la anualidad de 2016 incluidas en el Fdcan, se acredita la veracidad y la regularidad de los gastos y pagos (…) con respecto al resto del 70%, no se puede acreditar tales extremos al carecer de la información y el tiempo necesario para una adecuada fiscalización de dichos gastos”.
Mientras que en el informe que emite el mismo interventor para 2017, el pasado 31 de octubre, indica que “los gastos y pagos incluidos en las líneas número 1 Conocimiento I+D+i y número 2 Inversión en Infraestructuras, no se pueden acreditar su veracidad y regularidad, ni se adecuan a la Disposición Adicional Sexta del Decreto 85/2016, de 4 de julio, al carecer, quien suscribe, de la información y tiempo necesario para una adecuada fiscalización”.
Es decir, dos informes de Intervención similares, en los que el técnico da cuenta de un mismo motivo para no poder acreditar las inversiones, pero que han tenido distintas respuesta del Gobierno, lo que ha desatado este choque de trenes entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias.
El presidente del Cabildo ha puesto el acento en que esta distinta vara de medir situaciones de igual naturaleza evidencian, a su juicio, un ataque del Gobierno de Canarias no solo contra el Cabildo sino el conjunto de los intereses de los ciudadanos de la isla de La Palma.
Pestana, en un entrevista publicada por este periódico el lunes pasado, argumentaba que esta decisión del Gobierno responde a una estrategia política motivada por la “preocupación” que tienen los nacionalistas con la encuestas en La Palma y en otras islas.
El Cabildo tiene ahora un mes para interponer un recurso de alzada contra este fallo del Gobierno de Canarias y sus responsables políticos han anunciado que si es preciso acudirán a la vía judicial para no perder estos fondos.
CORDURA
El vicepresidente del Cabildo, José Luis Perestelo, demandó “cordura” y diálogo entre los presidentes del Cabildo y el Gobierno canario para resolver el conflicto del Fdcan. Perestelo (CC), que no quiso pronunciarse sobre si la medida del Ejecutivo era un castigo a la Isla, como denunció el presidente, se mostró convencido de que va a haber un acuerdo entre ambas instituciones.
“Nosotros estamos obligados a ponernos de acuerdo, a que hablemos, para que la inversión se materialice en La Palma y que el programa más bonito que se ha realizado durante los años que llevamos de autonomía -en referencia al Fdcan y al hecho de que su reparto se haya hecho conforme a la triple paridad- no termine en un conflicto institucional, sino en obras que puedan disfrutar los ciudadanos”.
Con todo, Perestelo lamentó que este conflicto “no pasa por casualidad”, lamentando que se aireara a la opinión pública “desde una parte” sin esperar al final del proceso.
DISCRIMINACIÓN
El portavoz de Hacienda del grupo parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, criticó la doble vara de medir del Gobierno con el Fdcan , donde “ayuntamientos como Mogán, Firgas o Vega de San Mateo se les ha ampliado el plazo de justificación e, incluso, el porcentaje de cofinanciación”.
Una medida que el diputado socialista achaca a que “son municipios gobernados por fuerzas políticas de carácter local con las que CC busca desesperadamente cerrar pactos electorales y evitar su definitiva desaparición en Gran Canaria”. De CC criticó además que “se caracteriza por el clientelismo y la arbitrariedad, algo que no deja ser una forma de corrupción aunque no sea delito”.
Remarcó que cuando a eso se le añade “el sectarismo y el castigo a una isla y sus habitantes, como es el caso de La Palma por el simple hecho de buscar un titular que ayude en la campaña a la consejera Nieves Lady, flaco favor se le hace a esa isla”. Para terminar, Iñaki Lavandera invitó a la consejera a “rectificar y a no anteponer los intereses electorales de Coalición Canaria a los de los habitantes de La Palma”
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