El Ayuntamiento de Candelaria dará cumplimiento este lunes a una sentencia judicial de 7 de junio de 2017 por la cual se desalojará de una propiedad en Araya una decena de perros.
El expediente sancionador se inició en 2015 tras una denuncia vecinal que llevó consigo diligencias de la Policía Local, que acredita las molestias de los perros, e informe técnico de la Concejalía de Urbanismo en el que se hace constar que “el uso de equipamiento (perrera) no se encuentra dentro de los permitidos y compatibles del Suelo Rústico de Protección Natural de Laderas. Se considera, por tanto, un uso prohibido, por lo que se impuso una sanción de 3.000 euros y la obligación de cesar la actividad.
La denunciada, presidenta de la protectora de animales Addanca, ha ido presentando sucesivos recursos a los diferentes decretos de Alcaldía, así como a distintas resoluciones judiciales, que han culminado con la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que falló desestimar el recurso de apelación y la imposición de costas a la demandada. Ante ello, el Ayuntamiento se ve en la obligación de cumplir lo recogido en la sentencia de 7 de junio 2017.
El procedimiento culminará este lunes con la materialización forzosa de la sentencia, ya que la demandada no ha cumplido voluntariamente con la exigencia del cese de la actividad. El Ayuntamiento ha garantizado y garantizará en todo momento la debida atención y cuidado de los animales, ya que además de la Policía Local, acudirán las empresas que el Consistorio tiene contratadas para el transporte y albergue de animales.
La denunciada, sin embargo, tras retirar los animales del solar de Araya y llevárselos a Güímar a donde trasladó su refugio tras las primeras denuncias, afirma que mantenía a once en su casa y que, tras morirse cuatro, porque eran muy mayores, ahora le quedan ocho y que no puede trasladar porque también tienen ya muchos años y necesitan un cuidado especial, desmintiendo que molesten al vecindario como se ha dicho.
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