Entre 250 y 300 pacientes canarios pudieron recibir una prótesis de cadera defectuosa, datos que confirman el alcance de esta alarma sanitaria en las Islas, un tema que ha vuelto a la actualidad tras celebrarse ayer un nuevo proceso en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 del Puerto de la Cruz, a raíz de una denuncia presentada por Mari Carmen Mesa, paciente a la que se le implantó una cadera defectuosa que tuvo que ser remplazada a los 7 años, cuando su duración media estimada es de 15 a 20. Hoy analizará el mismo juzgado la denuncia de Delia Molenessi, una palmera a quien el bufete de abogados Emilio Ortiz asocia el cáncer que padece con los altos niveles de cromo-cobalto que tiene.
En el caso de Mesa, la multinacional dijo inicialmente que se haría cargo de la operación de sustitución, pero ahora el hospital le reclama los 12.500 euros, porque asegura que pasaron los diez años preceptivos. En el proceso de Delia, el abogado espera una sentencia positiva, pues considera evidente que “la liberación de las partículas cromo-cobalto en sangre por encima de lo permitido se produjo con la fricción y desencadenó el cáncer posterior”.
Ortiz recuerda que “ya en una declaración judicial anterior” un cirujano de una clínica privada del Norte de Tenerife aseguró que implantó 110 prótesis de cadera defectuosas a 100 pacientes (10 fueron bilaterales), por lo que estima que la cifra real en las Islas oscilará entre los 250 y los 300 pacientes afectados.
Aunque es cierto que no todas las personas que recibieron dichas prótesis presentaron problemas de salud, fue la propia fabricante, Johnson & Johnson, la que retiró el producto en 2010 tras alertar del riesgo inherente a los llamados sistemas de prótesis de cadera Depuy ASR Articular Surface Replacement y Depuy ASR XL Acetabular. En aquel momento, la multinacional avisó de que se registraba “un aumento del número de aflojamientos detectados a los cinco años de implantadas y la posible cesión de restos metálicos de la aleación cromo-cobalto a los tejidos circundantes a la prótesis que pueden causar dolor o inflamación”, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Emilio Ortiz aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que lleva diez años denunciando que la falta de controles de calidad por parte de Johnson & Johnson “había causado este desastre”.
“No tengo nada contra los hospitales ni contra los doctores”, indicó, “pues son igualmente los perjudicados junto a los pacientes, sino contra los que se saltaron los mecanismos de control, y su bufete de abogados que se fundamenta en situar al fabricante fuera de España para dilatar la reclamación y obligar a traducir demandas de más de 1.800 páginas que tienen un coste de 15.000 euros, por lo que los afectados, que suelen ser jubilados, no tienen acceso a poder hacer valer sus derechos”. El letrado afirmó que “esto es un fraude de ley, pues, aunque quieren decirnos que el fabricante es del Reino Unido, el distribuidor está en nuestro país y ha tenido una negligencia, toda vez que ha distribuido las prótesis a sabiendas de que no cumplían con los requisitos, en primer lugar, de etiquetado, y en segundo lugar, porque hemos tenido acceso a documentos que decían que entre 2003 y 2005 la comunidad científica señalaba que no estaban bien, pero prefirieron seguir distribuyéndolas”.
Tanto la directiva europea 93/42 como los reales decretos que regulan en materia de etiquetado, no son una cuestión administrativa (paciente, hospital, productor-distribuidor), sino también la garantía de que se han pasado los controles de calidad. “En nuestro caso, la prótesis no tenía el marcador CE en la etiqueta, ni serigrafiado con láser en el producto, por lo que el distribuidor también es responsable al conocer que no tenían los requisitos. Además, no pudieron aportar los certificados de ensayos con humanos”.
Según Ortiz, “comenzaron a retirarlos en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos…, y fue en 2010 cuando los retiraron en Europa con la consiguiente falta de coordinación y responsabilidad, al implantar prótesis que sabían que daban problemas”.
Aquí comenzaron las denuncias de los pacientes. Muchas se resolvieron extrajudicialmente y la multinacional se hizo cargo de las operaciones de sustitución; sin embargo, en otros casos, las discrepancias han llegado a los tribunales de justicia.
En Tenerife, Juan Bruno Zerpa ganó en primera instancia en el Juzgado del Puerto de la Cruz, aunque perdió en la segunda instancia. Zerpa, tuvo que esperar seis años para que le retiraran la prótesis dañina.
25.000 fallos de trasplantes en diez años en España, casi ocho diarios
Esta noticia ha coincidido en el tiempo con una investigación mundial de un año de duración de 59 medios internacionales (El Confidencial y La Sexta en España) coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) mostró que los fallos de los implantes médicos son más habituales de lo que deberían. The Implant Files ha recopilado al menos 5,47 millones de incidentes adversos en todo el mundo entre 2008 y 2017 (1.500 fallos notificados cada día). En España, esta cifra asciende a 25.000 incidentes, casi ocho por día.
En el caso de las prótesis defectuosas de cadera, 93.000 personas las recibieron en todo el mundo. Fue entre julio de 2003 y agosto de 2010 cuando la empresa DePuy, una filial de Johnson & Johnson, distribuyó un modelo de prótesis defectuosa en 70 centros sanitarios públicos y privados españoles de 12 comunidades, incluida Canarias, con un numero estimado de 1.500 a 3.000 afectados, de ellos 300 en las Islas. Los pacientes se quejaban de dolores agudos, inflamación y dificultades para caminar. Los análisis sanguíneos desvelaron niveles de cromo y cobalto en los tejidos circundantes a la prótesis. En 2012 otras compañías retiraron sus prótesis ante la posibilidad de causar cáncer.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas