Los 14 alcaldes palmeros no tomarán parte en el fuego cruzado entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo, por la justificación de algo más de 13,5 millones de euros con cargo al Fdcan de 2017, un asunto grave que podría llegar a la justicia ordinaria si no hay acuerdo entre ambas instituciones.
El comisionado insular de la Federación Canaria de Municipios, Vicente Rodríguez, quien es además secretario general del PSOE en La Palma, lideró ayer tres horas de reunión de los regidores locales de la Isla, para culminar con la petición al Cabildo de la documentación remitida al Gobierno de Canarias para justificar el paquete de obras objeto de esta inversión, así como otra petición paralela para celebrar una reunión a tres bandas, en una interlocución directa con la institución insular y el Ejecutivo autonómico con los 14 alcaldes.
“Hay un ambiente de preocupación y vamos a solicitar que se nos trasmita toda la información que justifica las obras y la inversión, además de una reunión con ambas administraciones, tanto Gobierno de Canarias como Cabildo, para clarificar cómo se va solucionar esta situación”. Rodríguez aseguró en declaraciones a este periódico al término de la reunión celebrada en la sede insular de Fecam, que “lo que tenemos claro es que mantenemos la filosofía de colaboración y entendimiento en favor de una inversión fundamental para la economía de la Isla y de los palmeros”, al tiempo que aclaró que “somos conscientes de las distintas dificultades a la hora de ejecutar este programa, tanto en el 2016 como ahora en el 2017, pero lo que queremos es la solución al problema”, apostilló.
El también alcalde de Puntagorda, aclaró que “no vamos a entrar en el juego de dar veracidad a una u otra versión ni es nuestro cometido; entiendo que los alcaldes no tenemos ninguna división interna, pero sí una misma preocupación lógica ante lo que fue un reparto de fondos con criterios importantes para la población y que están dirigidos a mejorar la vida de la gente en la Isla”. Mientras tanto, desde el Cabildo esperan que el Gobierno canario dé marcha atrás y explique qué ha motivado que la fórmula que permitió justificar, con reparos posteriores que fueron subsanados por institución, la inversión del Fdcan en La Palma en 2016, no es ahora válida, justo cinco meses antes de la celebración de elecciones municipales y autonómicas.
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