El Consejo Insular de Aguas, y de manera subsidiaria el Cabildo Tenerife, presentará alegaciones al acuerdo adoptado por el Ministerio de Política Territorial en el que se le traslada que debe pagar el 50% de la multa (el otro 50% lo debe abonar el Gobierno de Canarias) por los vertidos en el Valle de Güímar, según declaró Manuel Martínez, consejero de Aguas.
La multa inicial que corresponde pagar al Cabildo será de 142.444,2 euros, aunque hasta que no esté terminada la depuradora comarcal (primer trimestre de 2020) deberá seguir abonando una multa superior cada seis meses, si bien Martínez reconoció que “no solo bastará con que esté terminada la depuradora, sino que habrá que ponerla en funcionamiento una vez esté conectada la red de saneamiento de Candelaria, Arafo y Güímar, para dejar de verter en los emisarios de la costa”, recordó.
Martínez se sorprendió de la resolución del Ministerio, porque los ayuntamientos deben velar por la depuración y en todo caso, indicó que “no entiendo la sanción al Consejo Insular de Aguas cuando desde 2016 es la única administración que ha comenzado a solventar la depuración en el Valle de Güímar, construyendo la depuradora comarcal y pronto la del Polígono”, afirmó.
El consejero siempre alegó que los ayuntamientos no tenían recursos para pagar las multas, “por eso dijimos de buscar una solución entre todas las administraciones, a partir de ahora vamos a ver si bastará con el 20% que deben aportar para las conexiones de cada municipio a la depuradora comarcal”, advirtió.
Consideró que es posible que el Ministerio, si atiende las alegaciones, pueda endosar la multa completa al Gobierno de Canarias, “como responsable de no poder en funcionamiento la depuradora comarcal terminada en 1996, que veinte años después ha tenido que construirse de nuevo en el mismo lugar”, relató.
También confirmó que la construcción ha sufrido algunos retrasos, primero debido a que hubo que cambiar de sitio a unos caracoles y luego tras la aparición de un duro risco negro, típico de Güímar, aunque “está solventado y se cumplirán los plazos”.
La decisión ministerial ha sido bien recibida por los ayuntamientos de Güímar y Candelaria, y por sus secretarios municipales, aunque Arafo no ha querido valorarla, ni siquiera sabiendo que puede aliviar judicialmente a su alcalde y concejal de Urbanismo, tal vez para no incomodar a Carlos Alonso.
Las alcaldesas
La alcaldesa de Güímar, Luisa Castro, satisfecha, señalaba que “somos los únicos que dijimos alto y claro que el Ayuntamiento no tenía que pagar, que era una competencia supramunicipal”. La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, afirma que “la resolución del Ministerio es coherente con lo expresado en los argumentos jurídicos de los tres secretarios municipales”.
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