Gemma tiene tres niños. En enero tendrá que dejar su vivienda por un desahucio. Lali, voluntaria en múltiples causas y con una discapacidad, tendrá que abandonar la suya en febrero. Estos son solo dos de los casos que, ayer, Desiré Meneses, expuso como ejemplo del problema de la vivienda que tiene Santa Cruz. Meneses intervino en el turno de participación ciudadana de la moción presentada por Sí se puede. La propuesta era que se identificaran pisos públicos vacíos en la capital y para adjudicarlos por la vía de urgencia a las personas que más lo necesiten. Durante su intervención, Meneses, reclamó al alcalde, José Manuel Bermúdez, y al resto de grupos políticos “empatía”, que se pusieran en la piel de Gemma y Lali, también de las otras cinco personas que la acompañaban en el Pleno y que estaban en la misma situación. Pidió agilidad para que el anuncio de la compra de viviendas a los bancos fuera una realidad. En ese contexto, Bermúdez confirmó que ya se ha llegado a un acuerdo con las entidades bancarias y que la próxima semana se firmará la compra de 18 pisos y 34 garajes por 1.125.000 euros. El alcalde quiso remarcar que es la primera vez en Canarias que se da este tipo de acuerdo y que, ni siquiera el Gobierno de Canarias lo ha conseguido. Defendió Bermúdez que Santa Cruz trabaja por la vivienda, que desde que el Protocolo Antidesahucio está en marcha (hace dos años) se han evitado más de 200 desahucios.
“Fuimos pioneros en ofrecer a los promotores la permuta de promociones sin terminar por suelo, pero nadie se presentó a la convocatoria. Ahora, hemos conseguido comprar estas 18 viviendas que, calculamos, estarán disponibles en el primer trimestre de 2019 para destinarlas a alquiler social”.
La moción presentada por Asunción Frías también sirvió para conocer que desde el Gobierno de Canarias (Visocan e Instituto Canario de la Vivienda ) se sigue afirmando, según explicó la concejal de Vivienda, Carmen Delia Alberto, que no hay pisos públicos vacíos en Santa Cruz. La información proporcionada señala que no hay pisos vacantes y que ya ha iniciado un trabajo para depurar el parque público y detectar viviendas vacías que no están cumpliendo con su función (ocupadas) e incluso han iniciado algún proceso de disciplina.
Según la edil, lo que sí hay son 54 viviendas a medio terminar, que por problemas de planeamiento no se pudieron terminar en su momento, y que, ahora, el Gobierno de Canarias ha retomado su finalización. Una situación esta que se alargará en el tiempo porque aún está en fase administrativa. Además, ya se ha concedido la licencia para la construcción de otras 44 nuevas, aunque, como matizó el alcalde, se tardarán al menos dos años en estar disponibles.
La moción fue aprobada, por unanimidad, para exigir al Icavi que informe sobre la posible existencia de viviendas vacantes dentro del parque público del que es titular en el municipio. Además, todos los grupos acordaron instar al Gobierno de Canarias a que agilice el procedimiento establecido para las adjudicaciones de viviendas vacantes previsto en el Decreto 138/2017, así como que informe al Ayuntamiento sobre las conclusiones de las inspecciones que está realizando.
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