El llamamiento desesperado que hizo ayer en DIARIO DE AVISOS la familia formada por Josué Airam Navarro, de 39 años, María Yanira Hernández, de 28, y su hijo, de 3, que pueden quedarse en la calle mañana si son desalojados de su piso de alquiler en Ofra, activó a las administraciones públicas para lograr in extremis una prórroga que aplace la medida, al menos, hasta que puedan darles una solución.
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz y el Instituto Canario de la Vivienda han remitido al Jugado de Instrucción Número 5 sendas solicitudes de paralización de desahucio, mientras que el diputado del Común, Rafael Yanes, abrió una actuación de oficio “para que las administraciones expongan qué ha pasado e intentar que a esta familia se les respete su derecho constitucional a una vivienda digna”, afirmó.
Yanira acudió ayer con Lolo Dorta, de la Plataforma 29E, al Jugado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife para comprobar su expediente. Desde el juzgado les informaron de que habían recibido los escritos presentados por el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias y han abierto un plazo de 24 horas para que los abogados del propietario de la vivienda respondan por escrito sobre la paralización.
En el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) les anunciaron que, tras recibir su solicitud el pasado lunes, remitieron una petición de paralización de desahucio al Juzgado. Además, los técnicos del Icavi han incorporado a Yanira y Josué al programa Canarias+ViviendasxFamilias, una herramienta para buscar alternativas habitacionales, mediante el alquiler social, a familias o personas en riesgo de exclusión social o inminente pérdida de vivienda, por imposibilidad de hacer frente a las mensualidades del alquiler, como es el caso de esta pareja de Ofra, y tras agotar los procedimientos de negociación de la deuda contraída.
Ante la información publicada en el DIARIO, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, dio instrucciones para activar “todos los recursos previstos ante un caso de emergencia” como este inminente desalojo. El Consistorio trabaja tanto desde el área social como desde la de vivienda en el propósito de “buscar una solución que permita a esta familia acceder a un hogar”. Al tratarse de un desalojo entre particulares, reconoció que no cabe la aplicación del protocolo municipal de mediación antidesahucios, que concierne a desalojos de entidades financieras. Continúa trabajando en la búsqueda de una solución factible en una nueva vivienda de alquiler, que permitiría activar las prestaciones económicas municipales (PEAS).
La semana pasada se les ofreció alojamiento en un piso de emergencia social y desde el Consistorio recalcaron que “ha apoyado, apoya y apoyará a esta familia, que fue perceptora de estas mismas prestaciones de alquiler en años anteriores”.
Lolo Dorta, de la Plataforma 29E, se mostró esperanzado en que “los tramites iniciados lleguen a buen fin”. Sin embargo, lamentó que un interlocutor de los Servicios Sociales les cuestionara ayer por qué no habían buscado un nuevo piso de alquiler. “Llevan cuatro meses con este caso, saben la situación económica de la pareja y que van a ser desahuciados. ¿Cómo pueden decirles cuando faltan 48 horas que busquen piso? Por qué no lo dijeron antes si pretendían darles una ayuda al alquiler. No es fácil encontrar un piso, quién los avala si no tienen contrato o nómina, pues con la prestación no contributiva de él no pueden hacerlo”, lamentó. Dorta espera que las gestiones del Instituto Canario de la Vivienda sean positivas, pues “es una alternativa”, aunque “es difícil lograr una vivienda pública vacía. La única opción sería la ayuda al alquiler, y que gestionen una vivienda para ella a través del programa antidesahucios”.
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