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Caso Arona: Félix Sierra, primer y único político que ya está en prisión

El exconcejal y exconsejero insular del PP (1999-2007) entró el martes en Tenerife II para cumplir una pena de dos años y medio de cárcel por un delito de cohecho continuado
Félix Sierra, durante el juicio que se inició en enero y terminó en abril de 2016 / DA

Félix Sierra Melo, quien fuera concejal de Urbanismo en Arona (1999-2003) consejero del Partido Popular en el Cabildo (2003-2007), entró el martes en el Centro Penitenciario Tenerife II para cumplir una pena de dos años y ocho meses por un delito continuado de cohecho, siendo el primer y único político del llamado caso Arona que entra en prisión.

Con anterioridad ya había entrado en la cárcel el exarquitecto municipal Roberto de Luis, para cumplir tres años y seis meses de pena, mientras que está a la espera que lo haga el exaparejador municipal, Eliseo de la Rosa, que ha solicitado el indulto aludiendo a enfermedades que padece.

El resto de condenados en el caso Arona o tienen menos de dos años de pena de prisión, por lo que no entrarán en la misma al no tener antecedentes, o fueron solo inhabilitados por 17 años, como es el caso de todo el grupo de gobierno que encabezaba el exalcalde nacionalista José Alberto González Reverón, al ser juzgado por prevaricación continuada y no por cohecho, como ocurrió con Félix Sierra y los dos técnicos municipales, así como el empresario Arsenio Zamora y al arquitecto externo Antonio González de Tolosa, a quienes se les impuso dos y un año de prisión, respectivamente. Los otros dos arquitectos externos fueron absueltos, uno (Jorge Menéndez) por la Audiencia y otro (Zenón Rodríguez) por el Supremo, tribunal este último que rebajaría las penas a todos los condenados, excepto a los componentes de la junta de gobierno de Arona 2003-2007, más a Félix Sierra, quien tiene que hacer frente a una multa de 500.000 euros, al igual que Eliseo de la Rosa, mientras que Roberto de Luis debe pagar 700.000 euros.

La sentencia no recoge indemnización alguna a la familia Ansorena, que no pudo edificar en Costa del Silencio, al negarse a pagar “la mordida” para lograr licencia, lo que denunció con una grabación. La primera denuncia, del exconcejal socialista Paco García Santamaría en 2007, abarcaba la concesión de 270 licencias ilegales y 75 contrataciones a dedo por parte del Ayuntamiento de Arona.

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