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La nueva ordenanza regula el servicio de alquiler de bicicletas en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ya cuenta con un borrador que llevará a Pleno en febrero o marzo para su aprobación inicial, que espera que sea definitiva en la sesión de mayo
El concejal Jonathan Domínguez (en el centro), participando en la ruta inaugural de la Biciguagua, el pasado noviembre. / DA

La nueva Ordenanza reguladora del uso de la bicicleta, patinetes y espacios peatonales en el municipio de La Laguna, elaborada desde el área de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento, abre la puerta a las iniciativas, privadas o públicas, interesadas en establecer y desarrollar un servicio de alquiler de bicicletas en el municipio. Un servicio que, hasta ahora, no se podía implantar en La Laguna, pero que queda regulado en la nueva ordenanza, en fase de borrador y que se espera aprobar antes de que acabe el presente mandato.

“Sin ordenanza que lo regule, todo lo que se pueda decir al respecto son cantos de sirena para quedar bien de cara a la galería, engañar a la gente. Por eso, desde Seguridad Ciudadana y Movilidad, lo que estamos haciendo con la ordenanza es crear el marco jurídico para poder decidir si montamos un servicio público, mixto, o crear la posibilidad de que cualquier empresa privada pueda establecer y ofrecer este servicio en nuestro municipio, algo que ahora es entre tedioso, complicado e imposible de tramitar de manera sólida y segura, jurídicamente hablando”, explicó al respecto el concejal del área, Jonathan Domínguez.

De hecho, el edil añadió que en los casi cuatro años que lleva al frente de la concejalía, “hemos recibido a tres empresas con iniciativas u ofertas de este estilo, y las hemos analizado pero ninguna la hemos visto posible de desarrollar sin ordenanza que les permita pedir licencia para ello”.

En concreto, en la ordenanza se establece que el titular de la actividad deberá obtener licencia de actividad comercial de la Gerencia de Urbanismo, licencia de ocupación de la vía pública del área de Obras e informe favorable al proyecto previo por parte de la Unidad de Tráfico del área de Seguridad y Movilidad. Además, el área de Hacienda podrá bonificar las licencias o tasas de la implantación de este servicio, por periodos de amortización de la inversión o para fomento del servicio, en periodo determinado y no definitivo si así se estimase.

Asimismo, “los estacionamientos de bicicletas destinadas al alquiler comercial por iniciativa privada no podrán situarse en el perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad”, pero se permitirá “su instalación en la zona tapón, previa autorización del competente en materia de Patrimonio Histórico”, recoge el texto. Además, se establece que que “los usuarios de las bicicletas de alquiler, o de excursiones turísticas u organizadas, no podrán acceder a las calles peatonales del casco histórico en grupos superiores de cinco”.

La nueva ordenanza abre también la puerta a que el propio Ayuntamiento pueda “impulsar iniciativa propia de servicio de alquiler de bicicletas a través del área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, mediante proyecto específico que deberá ser aprobado por órgano competente, definiendo su modelo de gestión y/o licitación externa”.

Esta nueva ordenanza desarrolla “la normativa de aplicación a los usuarios de bicicletas, patinetes o análogos en el municipio, así como para el uso del espacio público peatonal, y en ambos casos un régimen específico de sanciones”, que oscilan entre los 50 euros o 25 horas de trabajos en beneficio a la comunidad, para las faltas leves, hasta los 200 euros o 250 horas de trabajos, para las muy graves. También se desarrolla la implantación de la red de aparcamientos para bicicletas o el concepto y desarrollo de los carriles ciclables, ciclistas o/y carriles bici, entre otros puntos.

Zonas peatonales

En cuanto a las zonas de prioridad peatonal del municipio, que en su mayoría son las calles peatonales del área Patrimonio de la Humanidad, ya en el bando de 2006 se permitía el tránsito de bicicletas por esta área. “La ordenanza se limita en la zona Patrimonio de la Humanidad a una función finalista que ya reflejaba el bando del 2006, puesto que la gestión del citado espacio tiene una normativa troncal que es el PEP, que ya desarrolla los usos generales que condicionan a todas las demás iniciativas que se quieran desarrollar aquí”, explicó Domínguez.

Según la ordenanza, las bicicletas podrán circular por zonas peatonales “manteniendo una velocidad máxima de 15 kilómetros/hora y respetando la prioridad de paso de los peatones”, manteniendo una distancia de al menos un metro en las maniobras de adelantamiento o cruce con los peatones y no pudiendo realizar maniobras bruscas que pongan en peligro su integridad física. “En las zonas y calles peatonales saturadas, podrá fijarse una limitación de circulación de bicicletas en horario previamente establecido”, añade.

Las bicicletas circularán con preferencia por las vías ciclistas, carriles bici y restos de vías e itinerarios señalizados para ello, sin perjuicio de que les esté permitido circular por la calzada ordinaria. También se permite su circulación en parques públicos, paseos y aceras de más de tres metros de ancho en las que no exista vía ciclista, sin sobrepasar nunca los 15 km/h.

En cuanto a los patines sin motor, o aparatos similares no motorizados, podrán transitar también por las zonas de prioridad peatonal, así como aceras y vías ciclistas y carriles bicis, no pudiendo invadir los carriles de circulación de vehículos a motor ni las vías ciclables, debiendo “acomodar su marcha a la de los peatones, evitando en todo momento causar molestias o crear peligro”.

En esta categoría están incluidos todos los vehículos calificados como análogos, que, según la DGT, incluye por ahora también a los eléctricos, según explicó Jonathan Domínguez, como pueden ser los monopatines eléctricos que cada vez abundan más en las ciudades.

Trabajando desde 2015

Esta ordenanza se comenzó a tramitar en 2015, con el objetivo de sustituir el decreto-bando regulador del uso de la bicicleta en las calles peatonales de la ciudad, de 2006. Durante su redacción, se han ido incorporando diferentes propuestas y soluciones aportadas por vecinos, técnicos, partidos políticos y diferentes entidades, como la ULL, la Fav Aguere o el colectivo Tenerife por la Bici, entre otros.

A comienzos del pasado año, la redacción del texto se congeló a la espera de conocer la bases y criterios para el desarrollo del plan insular de la bicicleta, documento que, según explicó Domínguez durante el Pleno del pasado jueves, aprobó el Cabildo el pasado noviembre y cuyas disposiciones, adaptadas a la realidad municipal, se han incluido en el borrador de esta nueva ordenanza.

“Nuestra idea es poder llevarla a Pleno en febrero o marzo para su aprobación inicial, y con ello poder abrir un proceso abierto de aportaciones o alegaciones, en el plazo que la ley permite para ello, y después resolver, aunar y aprobar, si se puede, en el Pleno de mayo. Este calendario depende no sólo de la voluntad de este concejal, que queda demostrada, sino de que podamos tramitar la parte administrativa y jurídica a tiempo, y que luego logremos consensos y apoyos sociales y políticos para su aprobación final”, explicó Domínguez.

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