El Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado la primera sentencia de esta provincia en la que se condena al Banco Popular a devolver lo que invirtió un isleño en su última ampliación de capital, acaecida a mediados de 2016.
La sentencia, en la que además se obliga a dicha entidad financiera al pago de las costas generadas por este proceso, se argumenta en la falsedad de datos esenciales sobre el estado financiero del banco aportados por aquel entonces, lo que provocó un error en el consentimiento prestado por este inversor a la hora de comprar sus acciones, motivo suficiente para declarar la nulidad de la operación, tal y como argumentó la representación legal del demandante, ejercida por el conocido especialista local en reclamaciones bancarias Carlos Gómez, del bufete Sirvent&Granados.
Así las cosas, y dado que esta sentencia es firme al no caber la posibilidad de presentar recurso alguno contra la misma, el Banco Popular tendrá que abonar a este santacrucero, del que solo ha trascendido que es un trabajador por cuenta ajena, la totalidad de lo invertido, que asciende a 166.395 euros más los intereses legales devenidos.
Para fundamentar este fallo, el juzgado hace numerosas referencias a anteriores sentencias dictadas por tribunales de otras provincias que ya abordaron este asunto.
En las mismas hay una coincidencia abrumadora a la hora de concluir que “se considera probado que la información que el banco publicó con ocasión de la ampliación de capital no era veraz, y que las expectativas de obtener beneficios y pagar dividendos que anunciaba no podían ser ciertas”.
Poco después de esta venta de acciones, la falta de solvencia del Popular forzó su venta al Santander por un simbólico euro.
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