La mesa sectorial de Educación de Canarias se reunió ayer, encuentro en el que se trató el anteproyecto de orden por la que se regulará la asistencia jurídica y psicológica del personal docente y no docente dependiente de la Consejería de Educación y Universidades que presta servicios en centros educativos públicos no universitarios de las Islas.
Esta norma viene a sustituir a la vigente orden de 2009. Los participantes en la mesa exigieron a la Consejería los datos reales de aplicación de la orden de 2009 que regula el protocolo de actuación para los casos de agresiones al personal docente. Educación reconoció que aplicó en 19 ocasiones esta normativa durante un periodo de tres años hasta 2017.
Discordancia de datos
Estos datos chocan con los facilitados por el servicio del Defensor del Profesor del sindicato ANPE Canarias, que solo en 2017 atendió 155 denuncias, por 147 en 2018, para un total de 1.286 en los últimos 10 años.
Por su parte, Comisiones Obreras mostró su apoyo a que “se regule la protección jurídica y psicológica del profesorado” y lamentó que este tema se abordara “hace más de un año y no se ha sabido nada desde entonces”. Comisiones Obreras (CC.OO.) propuso “la ampliación del ámbito de aplicación para que alcance todo lo relacionado directamente con la vida escolar y no solo presencial en el centro o en actividades extraescolares”. En relación con la asistencia jurídica, propuso “que se evite penalizar al docente en el caso de ejercer, por propia iniciativa, su derecho a defenderse y ser condenado en costas”, pues con la actual redacción el profesorado “podría verse condicionado a no defenderse”. Además, planteó que “no se excluya, en ningún caso, la prestación de asistencia psicológica especializada por daños derivados de conflictos entre el propio personal docente y no docente” que preste sus servicios en la propia Consejería.
CC.OO. exigió a Educación que “vele por la calidad de los servicios jurídicos y psicológicos que se prestarán” y pidió una “actuación inmediata y más ágil por su parte que la que está prevista”. Se mostró de acuerdo con la elaboración de guías informativas, pero el esfuerzo principal de los servicios competentes debe dirigirse al fondo de la norma: asistencia jurídica y psicológica.
El sindicato consideró muy importante que “se dé a conocer el alcance económico de la implantación de esta norma y su concreción reglamentaria, en la que se definan el procedimiento y su protocolo”. Asimismo, CC.OO. reiteró que “es indispensable preservar el derecho de los docentes a ser defendidos en el cumplimiento de sus funciones así como si se produce una conculcación de sus derechos”.
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