“Para una situación excepcional se necesita una solución excepcional”. Así definía el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, su petición al Estado de que active un plan de ayuda humanitaria para el centenar de inmigrantes que en estos momentos viven en las calles de la capital una vez que cumplen el tiempo máximo de estancia en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría. “Son gente que sale sin papeles, sin dinero, y a la que no tenemos manera de ayudar, a pesar de que hemos puesto todos los servicios que tenemos disponibles para personas sin hogar, pero no es suficiente”, explicó el alcalde. Bermúdez se reunió en la mañana de ayer con la delegada del Gobierno, Elena Mañez, para abordar una situación que está viviendo la capital desde el pasado mes de octubre. “He salido de la reunión con incertidumbre porque si bien nos han asegurado que se ha recuperado el ritmo de repatriaciones con Marruecos (el 90% de los que extranjeros en calle son de este país), no nos han dado solución para los que ya están en Santa Cruz”. “Demandamos -continuó el alcalde- una respuesta humanitaria para esas personas, una respuesta excepcional para un grupo de personas que no puede irse a ningún sitio porque no tiene papeles, que no tiene dinero, y eso necesita de los recursos del Estado”.
Bermúdez exigió que se dupliquen las plazas que actualmente tiene el Estado para atender a los inmigrantes que salen de los centros. “Con 30 plazas es evidente que no es suficiente”, afirmó Bermúdez. “Nosotros no podemos atender, de la noche a la mañana, a casi el doble de personas sin hogar en Santa Cruz”, insistió el regidor municipal.
Las incertidumbres se extienden, según el alcalde, a que no sabe cuándo se van a terminar las obras en el CIE de Gran Canaria, “nos han dicho que pueden durar otros cuatro mese”, por lo que, “mientras tanto somos el único municipio de Canarias en el que hay un CIE abierto”. Incertidumbre también porque “no sabemos si va a volver haber problemas con las repatriaciones” y porque “no nos han dicho si van a activar esos recursos que demandamos o no”.
El alcalde además quiso desvincular cualquier relación entre criminalidad e inmigración. “No hay ningún tipo de relación, no creo en eso”, sin embargo, sí que admitió que han surgido problemas de convivencia.
El alcalde lamentó el hecho de que no se le comunicara formalmente esta situación por parte de las autoridades competentes de inmigración y se haya enterado gracias a los servicios municipales y a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este ámbito.
“El caso es que ahora tenemos un centenar de personas que necesitan ayuda y a las que estamos intentando ayudar, pero solo no podemos”, indicó.
Ambas administraciones se han dado 15 días para ver si, ese plan humanitario demandado por Santa Cruz, se pone finalmente en marcha.
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