La Laguna

Unid@s irá al juzgado por el dinero sin justificar de Las Chumberas

Este mediodía se celebra una cumbre de las tres administraciones canarias para responder a la Abogacía del Estado y permita una ‘prórroga’ del convenio que expiró en diciembre

Uno de los vecinos observa cómo las viviendas de Las Chumberas continúan apuntaladas por el riesgo de derrumbe. Fran Pallero
Uno de los vecinos observa cómo las viviendas de Las Chumberas continúan apuntaladas por el riesgo de derrumbe. Fran Pallero

El grupo municipal de Unid@s Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna presentará en los próximos días una demanda contra el Ayuntamiento de La Laguna por vulneración de los derechos fundamentales, por cuanto no se le ha remitido a esta formación política las certificaciones y/o justificaciones del uso dado a todas las cantidades percibidas en virtud del convenio suscrito entre el Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna por parte de la empresa municipal de vivienda (Muvisa) relacionadas con las obras de sustitución de los bloques de Las Chumberas afectadas por aluminosis. En total son más de 25 millones de euros sin justificar.

Esta solicitud la presentó el principal grupo de la oposición, el 20 de febrero de 2018 y, hasta la fecha, no han recibido respuesta alguna. Así lo confirmó ayer a DIARIO DE AVISOS el portavoz de Unid@s Se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio, quién afirmó que, si no hay una respuesta, “como desgraciadamente suponemos que pasará, procederemos a presentar inmediatamente en el juzgado un contencioso, en el que pedimos que se respeten los derechos que tenemos como cargos públicos y que, de alguna manera, se obligue al Ayuntamiento a facilitar los datos de la auditoría de las cuentas de Muvisa”.

En cuanto a la celebración de la Junta general de dicha empresa municipal de vivienda, que se quedó sobre la mesa en el último pleno, Ascanio precisó que “llevamos desde el 9 de enero esperando por la convocatoria de la Junta general de Muvisa. Entendemos que había un plazo de 30 días hábiles para su convocatoria; por lo tanto, se tiene que celebrar por mucho que el alcalde, José Alberto Díaz, esté intentando prolongar en el tiempo la convocatoria del pleno ordinario, que sería la otra oportunidad para realizar esa Junta general y proceder a cambiar los representantes que hay en el Consejo de Administración”.

Tal y como adelantó el concejal de la formación morada a este periódico, “parece que la fecha del pleno será el 22 de febrero, lo cual implica que está muy por encima de esos 30 días hábiles que establece la normativa y, por tanto, tiene que celebrarse, lo entendemos así, la Junta general previamente”.

Ascanio remarcó que “lo que no podemos tener por más tiempo en el Ayuntamiento de La Laguna es un alcalde en rebeldía clarísima y en contra de la mayoría plenaria del Ayuntamiento”.

Cumbre jurídica

Hoy, a las 12.30 horas, se producirá una cumbre jurídica en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias para preparar la Comisión de Seguimiento de Las Chumberas del próximo día 15 de este mes en el Ministerio de Fomento. A la citada reunión, según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, está previsto que acudan por parte del Gobierno de Canarias, el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, Francisco Plata; la secretaria general técnica, Natalia Escuder y el secretario general técnico, Ceferino José Marrero Fariña. Por el Cabildo de Tenerife asistirá la jefa de Gabinete de Presidencia, Elsa Casas, y en cuanto al Ayuntamiento de La Laguna, serán, al menos, el gerente de Muvisa, Carlos Andrés Díaz y el director del Área de Hacienda y Servicios Económicos del Consistorio de Aguere, Estanislao Egonala.

Hay que recordar que el pasado 30 de enero se celebró otra comisión de seguimiento en la que el Ministerio de Fomento propuso dos opciones a las administraciones canarias para renovar el convenio de Las Chumberas. Fomento planteó en la citada reunión un nuevo convenio a las administraciones públicas canarias, pero a través de dos procedimientos para poderlo encajar jurídicamente, toda vez que los plazos expiraron el pasado 31 de diciembre. De hecho, el informe de la Abogacía del Estado especifica que este nuevo acuerdo puede tramitarse por dos vías: mediante una norma que iría vinculada a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), mediante enmienda, o a través de un acuerdo transaccional aprobado por el Consejo de Ministros, y que debería ser ratificado por las Administraciones canarias, por el órgano competente correspondiente. Aun así, el Ministerio está trabajando por ambas vías indistintamente, por lo que este nuevo convenio tendrá que sustentarse en cualquiera de esas dos posibilidades.

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna se mostraron “sorprendidos” ante la presentación del citado informe jurídico con la propuesta para la redacción de un nuevo convenio, y no la prórroga del actual, tal y como solicitaban las Administraciones canarias, aunque valoraron la intención del Ministerio de resolver la situación de forma que los vecinos no se vean afectados por una posible paralización. De esa sorpresa de las administraciones canarias, que apuestan por una ‘prórroga’ del actual y así no tener que justificar los fondos que ha recibido el Ayuntamiento de La Laguna en estos ocho años desde que se rubricó el primer acuerdo (18 de noviembre de 2011), que asciende a 25.246.320 euros, surge esta reunión. A pesar de estas dudas legales sobre cómo resolver el entuerto en el que el Ayuntamiento de La Laguna ha avocado a Las Chumberas, tras estar 8 años sin mover una piedra, todas las administraciones están intentando buscar una solución jurídica, que sea la que sea, pasará por que los vecinos de Las Chumberas vuelvan a sus viviendas lo antes posible.

Santiago Pérez (XTF-NC) ya llevó al juzgado al alcalde y a la secretaria por la Junta de Muvisa

El concejal de XTF-NC en La Laguna Santiago Pérez presentó una denuncia recientemente en el Juzgado de Instrucción de La Laguna por la actuación del alcalde, José Alberto Díaz (CC), y la secretaria general del Ayuntamiento de Aguere, Ana Begoña Merino Gil, acerca de la Junta General de Muvisa, durante la cual se impidió que se cambiara el Consejo de Administración y pudieron cometer, según el edil opositor, prevaricación administrativa y un delito societario. Santiago Pérez explicó que “la presidencia y el control del Consejo de Administración de Muvisa está permitiendo al alcalde negarse reiteradamente a facilitar a los grupos políticos del Ayuntamiento la documentación justificativa de la aplicación dada a los más de 25 millones de euros aportados por todas las administraciones”.