Santa Cruz

Urbanismo abrirá expediente a los técnicos firmantes de la licencia del centro del Dragó del Marqués

El edil Carlos Tarife insiste en que en dos semanas estará el proyecto con el que se intenta evitar el cierre del geriátrico de Ifara

Vista general de la residencia de mayores El Drago del Marqués, en Ifara. / SERGIO MÉNDEZ

Son tantas las correcciones a las que se ha de someter la residencia de mayores El Drago del Marqués, en la urbanización Ifara, que grupos políticos como el de IU, se muestran poco optimista con la posibilidad de que el proyecto técnico que prepara la Gerencia de Urbanismo para intentar legalizar el inmueble sea suficiente. Y es que se construyeron seis plantas cuando el planeamiento solo admitía tres, se superó la volumetría o no se respetó la separación de la fachada de la acera, actuaciones amparadas por la licencia concedida por el Ayuntamiento y anulada por el Tribunal Supremo. Ayer, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, avanzó que se depurarán responsabilidades en aquellos que firmaron una licencia que calificó de “absolutamente improcedente e ilógica”.

Tarife, que compareció en la Comisión de Control municipal a petición de Ciudadanos e IU para informar sobre este asunto, insistió en que se depurarán responsabilidades, “caiga quien caiga”. El concejal detalló que el proyecto que preparan los técnicos intentará legalizar el edificio, además de regularizar la actividad con la licencia correspondiente. Según Tarife, estará listo en dos semanas, y su ejecución le costaría a los actuales gestores del centro unos 800.000 euros.

En su comparecencia, Tarife explicó que el principal problema surgido con esta licencia se deriva de una “interpretación realizada por el o los técnicos informantes del proyecto -que ha quedado de manifiesto que es absolutamente improcedente e ilógica- de la figura del patio inglés”. Detalló que entendieron que las plantas edificadas por debajo de éste no computaban ni en número de plantas, ni en volumen, ni en edificabilidad. “A partir de este incumplimiento, se provocan todos los demás señalados”. En cuanto a la depuración de responsabilidades, Tarife señaló que se hará una vez se resuelva el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística. “Tras la resolución de este expediente, en un sentido u otro, se dirimirán las responsabilidades de los que hubieren participado en la licencia”.

Tarife admitió al término de la comisión que, dependiendo de lo que salga de esa investigación interna, “iremos a donde haya que ir”, en referencia a que se puede estar ante un caso de “presunta corrupción”, como lo definió Ramón Trujillo y que se remonta al momento en el que se concedió la licencia, en 2003.
Además, el edil recordó que los anteriores gestores podrían presentar una reclamación patrimonial por el daño causado al conceder una licencia en los términos que se concedieron y que ahora es nula. “Estas reclamaciones serán repetidas, en su caso, frente al o los técnicos responsables de su concesión”, añadió el edil de Urbanismo. Tarife detalló que lo primero es terminar el informe técnico, luego lo enviarán al Tribunal Supremo para ver si lo acepta o no y por último también habrá que tener en cuenta al denunciante, que está personado en el caso “y algo tendrá qué decir”.

La oposición (IU, Cs, PSOE y Sí se puede) coincidieron en que lo positivo es que la actividad se puede seguir realizando, lo que tranquiliza un poco a las familias, y se gana tiempo con la elaboración del proyecto y su envío al tribunal para que le de el visto bueno.

Todos lamentaron la situación de usuarios y familiares y esperan que la intención manifestada por los actuales gestores sea del todo cierta, y estén dispuesto a quedarse, a pesar de haberle dado dos meses a usuarios y trabajadores, ofreciéndoles incluso otros destinos, porque tenían que cerrar.

El IASS ya ha trasladado a 30 de los 176 usuarios de la residencia

Frente a los familiares de Comisión, Tarife defendió que aún no ha y comunicación oficial para ejecutar la sentencia por lo que, mientras tanto, la residencia sigue teniendo permiso para operar y el seguro cubre lo que pueda pasar en su interior. “No entendemos el plazo de dos meses que han dado los nuevos gestores para que los usuarios busquen otro centro porque aún hay tiempo”. Según Tarife, el IASS ya ha trasladado 30 usuarios y se trabaja con todas las administraciones para buscar una solución en el caso de que haya que cerrar la residencia. “Los nuevos gestores me han comunicado que quieren resolver el problema”.