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El abogado de ‘El Cuco’ y su madre pide dejar de ejercer su defensa

Ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla para desistir de defenderlos en el proceso abreviado iniciado contra ellos por falso testimonio
El Cuco y sus padres acuden al juzgado citados por falso testimonio | FOTO: EUROPA PRESS
El Cuco y sus padres acuden al juzgado citados por falso testimonio | FOTO: EUROPA PRESS
El Cuco y sus padres. / EP

El abogado Rafael Ramírez que representa a Francisco Javier García, conocido como ‘El Cuco’, y a la madre de éste, Rosalía G.M., ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla para desistir de defenderlos en el proceso abreviado iniciado contra ellos por falso testimonio, en relación con las declaraciones que realizaron durante el juicio celebrado en 2011 por el asesinato de Marta del Castillo.

En el escrito, fechado el pasado miércoles y al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado que lleva otras causas penales como la acusación particular en el asesinato de una mujer de Alcolea del Río (Sevilla), solicita al juzgado “por motivos de delicadeza profesional que no son de exponer” que desiste de representar a ‘El Cuco’ y a su madre y pide que a éstos le sean asignados “profesionales de oficio si no lo hicieran de libre designación”.

Cabe recordar que el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, con fecha de 11 de febrero y al que tuvo acceso Europa Press, el juez instructor Carlos Mahón decretó continuar por el trámite de procedimiento abreviado las actuaciones contra ‘El Cuco’ –condenado a dos años y once meses de internamiento por encubrir el asesinato de Marta del Castillo–, y a su madre.

De igual modo, el auto decreta el sobreseimiento libre de la causa por extinción de la responsabilidad criminal de la pareja de la madre, Ángel Manuel R.C., por su fallecimiento, reservando a los perjudicados las acciones civiles que les pudieran asistir.

Además, acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y la acusación ejercida por la abogada Inmaculada Torres en representación de los padres de Marta del Castillo para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulado o el sobreseimiento de la causa.

En los hechos recogidos en el auto de procedimiento abreviado, el juez instructor señala que antes de que Francisco Javier García, Rosalía G.M. y Ángel Manuel R.C. prestaran declaración en calidad de testigos en el juicio que celebró la Audiencia de Sevilla contra los adultos acusados –Javier Carcaño, Miguel Delgado, Samuel Benítez y María García–, “todos ellos urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009, cuando resultó muerta la menor”.

En el citado auto, el instructor indica que, practicadas las dligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho denunciado en su día por los padre de Marta del Castilla, que aquél pudiera constituir un delito de falso testimonio del que resultan investigados por su presunta participación en el mismo Francisco Javier García, Rosalía G.M. y Ángel Manuel R.C.

Además, recuerda que para investigar el asesinato de la joven sevillana hace ahora diez años, se incoaron dos procedimientos, uno contra el entonces menor de edad, Francisco Javier García, y otro para dirimir la posible responsabilidad penal de las personas mayores de edad implicadas.

En este sentido, indica que el Juzgado de Menores número 3 de Sevilla dictó sentencia el pasado 24 de marzo de 2011, mediante la cual se imponía a ‘El Cuco’, como responsable de un delito de encubrimiento, la medida de dos años y once meses de internamiento en régimen cerrado, y se le absolvía de los dos delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y de profanación de cadáveres, que se le imputaban.

Igualmente, tras el juicio oral celebrado en octubre y noviembre de 2011, la Audiencia condenó en enero de 2012 a Miguel Carcaño a 20 años cárcel por un delito de asesinato. Posteriormente, el Tribunal Supremo le añadió un año y tres meses más de prisión por un delito contra la integridad moral.

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