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Inhabilitan ocho años y medio a la exalcaldesa de Santa Úrsula

El Juzgado condena a Milagros Pérez (PP) y al concejal del PSOE Víctor Hernández por prevaricación cuando cogobernaban
La exalcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez (PP) / DA
La exalcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez (PP) / DA
La exalcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez (PP) / DA

El Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público a la exalcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez (PP), y a su socio en el gobierno local, el concejal Víctor Hernández Barroso (PSOE) por realizar contrataciones ilegales entre 2011 y 2013.
El fallo, al que ha tenido acceso mirametv.com, considera que ambos son responsables de un delito continuado de prevaricación, por ‘enchufar’ en el Consistorio del norte de la Isla a 18 personas con las que mantenían algún tipo de afinidad.
La sentencia, que se extiende a lo largo de 93 folios, pone boca arriba la actuación delictiva de los condenados que, nada más firmar un pacto de gobierno en 2011, y a pesar de las numerosas advertencias de los técnicos, contrataron a estas personas sin respetar la legislación vigente. Primero lo hicieron ‘a dedo’, mediante contratos de servicios fraudulentos, según recoge la resolución judicial. Cuando llegaron al límite de 18.000 euros o de un año que fija la normativa, tras intensificarse las advertencias y reparos de los técnicos, recurrieron a negociados sin publicidad amañados o utilizaron a una empresa de trabajo temporal, a la que indicaban las personas que tenía que seleccionar para ser enviadas al Ayuntamiento.
La jueza Beatriz Méndez, que dedica importantes esfuerzos en desmontar las constantes contradicciones en las que incurrieron los dos condenados durante el juicio, concluye que, “a sabiendas de la falta de legalidad de los nombramientos”, Milagros Pérez y Víctor Hernández contrataron “arbitrariamente a personas, algunas de las cuales por afinidad política, personal o profesional”. La sentencia incide en que “no estamos ante una mera irregularidad administrativa” y pone el foco en que los dos procesados “obviaron los informes” del abogado del Consistorio y del interventor.
El fallo rebate uno por uno los escasos argumentos esgrimidos por las defensas, que ambos condenados han repetido hasta la saciedad. En este sentido, establece que ni es una venganza política, ni actuaron con el apoyo de los funcionarios, ni se puede alegar desconocimiento, ni era la solución para los problemas de personal del Consistorio, ni cabe justificar los contratos en la situación económica o en la valía profesional de los beneficiados.

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