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José Manuel Bermúdez: “Ahora vamos a ir a por todas para recuperar el dinero de Las Teresitas”

El alcalde José Manuel Bermúdez aclara que desde 2017 se pidió el embargo de bienes de los condenados, y que no se solicitó la ejecución de sentencia porque aún no era firme
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ayer, durante el desarrollo del pleno, a cuyo término se pronunció sobre el caso Las Teresitas. DA
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ayer, durante el desarrollo del pleno, a cuyo término se pronunció sobre el caso Las Teresitas. DA
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ayer, durante el desarrollo del pleno, a cuyo término se pronunció sobre el caso Las Teresitas. / DA

“Condeno los hechos delictivos que propiciaron el caso (Las Teresitas). Lamento profundamente cómo ha influido en la imagen del Ayuntamiento y la ciudad y he dado instrucciones, ya las había dado en 2017, para recuperar la totalidad del dinero de Las Teresitas”. Así se expresó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, al término del pleno municipal, sobre la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del caso Las Teresitas. El fallo, dado a conocer este jueves, además de ratificar la condenas de cárcel para los imputados (Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Víctor Reyes, José Tomás Martín, Antonio Plasencia e Ignacio González), también confirmó que los terrenos del frente de playa son del Consistorio, y que el dinero de la compraventa debe ser reintegrado al Ayuntamiento de Santa Cruz (50 millones más intereses). El alcalde manifestó que, una vez que la sentencia es firme, “ahora es el momento” de “ir a por todas” y recuperar el dinero. Para ello anunció que se van a reforzar los servicios jurídicos del Ayuntamiento “lo que sea necesario, directamente desde la Corporación o indirectamente, contratando abogados externos”.

Bermúdez justificó que no se hubiera hecho antes este movimiento apoyándose en que el fallo no era firme. “Una vez que la sentencia penal se ha producido, ahora llega el momento. Les recuerdo que en 2016 fue el propio juzgado civil el que paró esperando a la sentencia penal. Ahora es el momento de utilizar todos los recursos procesales y jurídicos de los que el Ayuntamiento disponga para recuperar hasta el último céntimo de la compraventa de Las Teresitas, y por supuesto que el Ayuntamiento se queda con la titularidad de los terrenos”.

El alcalde siguió insistiendo en que “es nuestra obligación defender el interés general de los vecinos de Santa Cruz, y en ese asunto vamos a volcar toda nuestra atención en los próximos meses, desde hoy, con la reiteración de la instrucción dada en 2017, donde nos adheríamos a lo que decía la Fiscalía”.

Preguntado por esa petición de embargo de bienes que el Ayuntamiento asegura que envió al juzgado en ese año, repitió: “Lo que ha hecho este Ayuntamiento es adherirse a la Fiscalía en el asunto de la recuperación de los dineros”. “Entendemos que el Ministerio Público -continuó- habrá procedido al aseguramiento de todos los bienes necesarios para poder cobrar ese dinero; en definitiva, que la Fiscalía habrá hecho las acciones convenientes para eso y asegurar la totalidad de los bienes”.

Pleno

Durante el desarrollo del pleno Sí se puede preguntó por los documentos que justifican la petición de embargo que el Ayuntamiento dice que remitió al juzgado y que no han podido consultar. El edil responsable de los Servicios Jurídicos, Juan José Martínez (CC), pidió disculpas por el retraso en acceder a esa información e hizo entrega de los decretos e instrucciones firmados por el alcalde para que se procediera a recuperar el dinero. El portavoz de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, apuntó que lo que pedían eran los escritos enviados al juzgado. Martínez respondió que esos escritos eran consecuencia de los decretos y que, en todo caso, el juzgado no les había respondido.

En cuanto a la instrucción que el alcalde reiteró ayer, en ella el Ayuntamiento explica que se sumó a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Fiscal, y que consistía en asegurarse de la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil se deriva de los delitos que reconoce la sentencia.
El citado acuerdo, explica el Ayuntamiento, recogió lo solicitado por la consideración tercera de su escrito, donde, además, se señalaba que el importe afianzado por los condenados (26.010.132 euros) no garantiza el pago de las responsabilidades civiles impuestas, dado que es menor que el de la indemnización civil fijada en la sentencia (52.588.156,85 euros) y de los intereses correspondientes (9.159.884,67 euros).

Solicitud de embargo de la Fiscalía

En esa dirección, el Ministerio Fiscal solicitó -acción respaldada por el Ayuntamiento- que se requiriera a todos los condenados para que, en el plazo que fije el tribunal, designen “bienes realizables -saldos de cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, imposiciones a plazo, fondos de inversión, valores, títulos, acciones, deuda financiera, contenido de cajas de seguridad, participaciones sociales u otros activos financieros, así como bienes muebles o inmuebles- que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia dictada, acordándose la práctica a tal fin de las valoraciones y/o tasaciones precisas”.

La Fiscalía también propuso en ese momento que subsidiariamente, y para el caso de que no se cumpliera el anterior requerimiento, o para el caso de que los bienes designados fueren insuficientes, se acordaran medidas como el bloqueo y retención de activos financieros o el embargo de bienes muebles y/o inmuebles que estuvieran a nombre de los condenados, de forma directa o indirecta.

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