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La Federación de lucha canaria ‘pone en la picota’ a la justicia deportiva

Pide la dimisión del Comité Canario de Disciplina Deportiva al “detectar irregularidades” en los últimos procedimientos tramitados
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Juan Ramón Marcelino, presidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria. | DA

La Federación Canaria de Lucha Canaria pidió la dimisión del Comité Canario de Disciplina Deportiva, ante las “irregularidades que ha observado” en los últimos procedimientos que han sido remitidos a este organismo y la “depuración de responsabilidades” de los miembros que hayan tenido actividad administrativa, por “negligencia e ignorancia inexcusable”, a cuyo efecto se reservará el ejercicio de emprender las acciones legales que considere oportunas.

El presidente de la Federación Canaria, Juan Ramón Marcelino, afirmó que “hemos venido realizando un seguimiento, estudio y análisis de los procedimientos disciplinarios y de las notificaciones practicadas y hemos observado vulneraciones de derechos, graves irregularidades, y negligencias en la tramitación de los procedimientos, y en las resoluciones de los expedientes administrativos”. Estas irregularidades suponen una “vulneración de los derechos establecidos” en la Ley del Deporte de Canarias (1/2019, de 30 de enero), la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (39/2015) y la Orden de 31 de julio de 1991, por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Comité Canario de Disciplina Deportiva, “que han ocasionado a la Federación de Lucha y a sus organismos un estado de indefensión”.

La Federación “no valora el fondo de los asuntos tratados por los diferentes órganos disciplinarios en la vía deportiva”, cuya autonomía respeta y defiende escrupulosamente, pero “no puede permitir que el órgano superior disciplinario del deporte canario vulnere las normas que exige que cumplan a los organismos y deportistas sobre los que ejerce sus competencias”. Esta forma de proceder “desprestigia a este órgano y a la institución que representa, y al deporte canario y la Dirección General”.

Argumentan “irregularidades en varias notificaciones” y la “forma arbitraria de tratar sus expedientes”, por ejemplo en los casos Medianito IV y Abreu, generando un “agravio con otros expedientes abiertos” como el de los juveniles que estuvieron siete meses sentados en la grada: “¿A ellos no les causó un daño irreparable?” se cuestionó Marcelino.

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