El Consejo Rector de Urbanismo aprueba en su sesión de hoy el levantamiento de la suspensión que afecta a la parcela del Colegio La Salle. Esto, en la práctica, supone que la ampliación que realizó el centro, denunciada ante el juzgado y con orden de derribo de por medio, finalmente, no tendrá que ser demolido. Y es que el principal escollo, el uso del suelo en la categoría de gran comercio, ha sido suprimido. Este era uno de los reparos que puso la Cotmac al PGO de 2013, de forma que, al suprimir ese cambio en el uso del suelo vuelve a tener rango educativo.
Con este levantamiento de la suspensión, se da por subsanado el reparo. En cuanto a si la anulación del PGO, pendiente del Tribunal Superior de Justicia se produjera definitivamente, indican desde Urbanismo que al tratarse de una legalización, no se vería afectado aunque se remita la ordenación de la zona al Plan del 92. La historia de esta construcción se remonta a 2007, cuando el colegio construyó bajo la promesa de que el nuevo Plan General, entonces se suponía que se aprobaría en breve, legalizaría su situación.
Fue en enero de 2012 saltó cuando el entonces concejal de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín, anunció la orden de demoler parte de la ampliación (600 metros cuadrados) y la apertura de un expediente sancionador al centro por invadir suelo público, en concreto cinco metros de retranqueo hacia la calle.
La razón del expediente era, entre otras, el destino a uso comercial (en principio para un gimnasio y con posible espacio para un supermercado) de una parte del nuevo edificio cuando las previsiones del Plan General solo contemplaban el equipamiento público docente. La ampliación acabó en los tribunales.
Desde el colegio plantearon que se trataba de un alquiler para sufragar en parte la inversión millonaria en la remodelación que dotó al centro de unos garajes con capacidad para 300 plazas de aparcamiento y una piscina de 25 metros para uso de los alumnos.
Posteriormente, en abril de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una primera sentencia declaraba ilegal la ampliación y denegaba la licencia de primera ocupación que desde el colegio entendían que era posible con un estudio de detalle propiciado por el silencio administrativo. Ratificaba el fallo que “en el momento actual las obras no tienen licencia y son ilegales”.
En diciembre de 2014, el juzgado de lo Contencioso paralizaba el derribo de forma cautelar y comenzaba a tomar fuerza la idea de que el inmueble podría quedar legalizado en el proceso de la aprobación final del PGO. Aunque un fallo posterior del TSJC ratificaba que la decisión de Urbanismo de demoler era ajustada. Aún así, seguía dejando la puerta abierta a la legalización.
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