El consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma, Gonzalo Pascual, denuncia que la modificación de la Ley de Islas Verdes aprobada en el último pleno celebrado en el Parlamento de Canarias supone “un mazazo” para “muchos pequeños inversores” de la isla que pretendían desarrollar una instalación turística de pequeñas dimensiones en medianías, al verse obligados ahora a contar con una superficie mayor de suelo para desarrollarla.
Este es el motivo, a juicio del consejero, de esta situación, que asegura que ha despertado “una gran preocupación” entre las personas que iban a realizar una inversión turística de pequeñas dimensiones en suelo rústico. En concreto, indica que la superficie mínima para una edificación turística de hasta 10 camas ha variado de 2.500 metros cuadrados en suelo rústico a 4.000, y de 11 a 20 plazas alojativas, de 4.000 a 6.000 metros cuadrados.
Gonzalo Pascual señala que muchos inversores se habían hecho con el suelo mínimo exigido por la Ley de Islas Verdes de 2016, que fue una modificación promovida por el Cabildo de La Palma, y ahora se ven ante esta modificación que puede frenar los proyectos al no disponer de una superficie mínima.
El consejero socialista lamenta que el Parlamento haya sacado adelante esta modificación que “va contra La Palma” con un “acuerdo exiguo, entre CC, PP y ASG”, mientras que en la modificación de 2016 contó también con el voto a favor del PSOE.
Por contra, el Círculo de Empresarios del Suroeste de La Palma (Esuropal) agradeció a los tres partidos que respaldaron la modificación de la Ley de Islas Verdes (CC, PP y ASG) “el esfuerzo de acuerdo para beneficiar a los ciudadanos de La Palma”. Mientras que tildan la postura del PSOE de “escandalosamente contraria a los intereses de la isla”.
Señalan que la modificación afecta a “aspectos puntuales” de la ley para “agilizar la tramitación de los proyectos que hasta la fecha recibían enormes trabas en el Cabildo de La Palma”. “En este caso no solo resulta preocupante la actitud contraria a los intereses de La Palma, sino también la del presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, y la del PSOE”.
Por contra, valoran el “compromiso serio y firme de la consejera palmera, Nieves Lady Barreto, que desde la primera reunión que tuvo con nosotros entendió que las leyes vigentes lesionaban seriamente los intereses de los palmeros y que era preciso activar un nuevo marco normativo que permitiera la inversión y el desarrollo insular”.
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