La Sala Segunda de la Audiencia Provincial decretó, en auto fechado el 9 de abril, el envío a prisión del empresario Pedro Sicilia, uno de los cuatro condenados por las extracciones ilegales de los barrancos de Güímar, mientras que mantiene la suspensión de la pena de un año y tres meses de cárcel para Antonio Plasencia -ahora en prisión con el caso Las Teresitas- y José Enrique Morales, al dar el visto puesto a los planes de restauración presentados, pendientes de que afiancen las cantidades para ejecutar esa rehabilitación, algo que si ha hecho Plasencia, mientras que a Morales se ha dado un plazo de cinco días para que designe “bienes y patrimonio suficientes para garantizar la viabilidad del proyecto de restauración de la cantera Badén”.
La pena de prisión que deberá cumplir Pedro Sicilia también es de un año y tres meses, después de que la justicia haya revocado la suspensión de la condena porque el empresario no ha cumplido con su obligación de restaurar el daño ecológico provocado en la cantera Extracsa. El cuarto arenero condenado, que permaneció en juicio oral al no aceptar el acuerdo previo, Francisco del Rosario, cumple condena de tres años y medio de cárcel, aunque ya no está ingresado en Tenerife II.
La Sala entiende que el plan de restauración de Antonio Plasencia y Enrique Morales supone un cumplimiento de la sentencia de 28.1.2016 en cuanto a la responsabilidad civil al menos aceptable, pero se les exige la fianza para responder de la ejecución de los planes de restauración. No obstante, consideran que la actitud de Pedro Sicilia ha sido contraria a lo ordenado en la sentencia de 28.1.2016 y por ende se le revoca la suspensión, por lo que deberá entrar en prisión. El auto no es firme y se puede recurrir en súplica.
El plan de Plasencia
El proyecto de restauración de la cantera Badajoz consiste a grandes rasgos en el relleno hasta una cota de 260 metros del hueco generado por la actividad extractiva, procediéndose a partid de esa cota a la construcción de bancales hasta coronar el terreno circundante con una berma de aproximadamente seis metros. La nueva superficie permite su aprovechamiento para fines agrícolas y que el relleno del hueco se realizaría mediante la utilización de acopios existentes ( RCDs inertes ) , proponiéndose cinco puntos de extracción, señalándose que tales operaciones deberán someterse a autorización del titular de la carreterapresumiblemente afectada.
Por otra parte mediante Decreto de 21 de diciembre de 2015 dictado en la pieza de responsabilidad civil por el Juzgado instructor n.º 2 de Güimar se acordó el embargo de propiedades del condenado y de la responsable civil Áridos del Sur S.A. en la cuantía de 66,422.000,46 euros. Asimismo se han señalado por la parte ejecutada en su escrito de 13 de julio de 2018 nuevos terrenos de su propiedad, aportando tasación que acreditaría que su valor cubriría el importe del afianzamiento exigido, por lo que no hay incumplimiento grave de la sentencia.
Acusación Particular, en desacuerdo
Carlos Álvarez, que representa a la Acusación Particular, afirma que el auto “no cumple con el sentido de la sentencia”, porque “los condenados no restauran el orden ecológico perturbado”, manifiestando que “el plan de restauración de Plasencia hace un negocio con cinco millones de euros con plantación de olivos y el de Morales es un negocio con agua, y eso no es restaurar como está en el código penal”, señala el abogado de los agricultores que denunciaron la extracción ilegal de canteras en 2005, cuando fueron clausuradas.
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