la laguna

Bronca y tensión en el último pleno para despedir el mandato en La Laguna

Calientan la sesión el expediente del Gobierno local para impugnar el acuerdo por el que se destina dinero del remanente a Muvisa, y no a la deuda bancaria, y la problemática de los pisos de Visocan
Vista del último Pleno de este mandato, celebrado ayer, a falta de otro que tendrá lugar el 12 de junio para aprobar el acta de la sesión de ayer. / FRAN PALLERO
Vista del último Pleno de este mandato, celebrado ayer, a falta de otro que tendrá lugar el 12 de junio para aprobar el acta de la sesión de ayer. / FRAN PALLERO
Vista del último Pleno de este mandato, celebrado ayer, a falta de otro que tendrá lugar el 12 de junio para aprobar el acta de la sesión de ayer. / FRAN PALLERO

El último Pleno ordinario de este mandato del Ayuntamiento de La Laguna, ya en funciones, se desarrolló ayer con un nivel importante de bronca, tensión y cruce de acusaciones entre los portavoces de la oposición y, especialmente, el alcalde, José Alberto Díaz (CC). El expediente que llevó al Pleno el Gobierno local para impugnar el acuerdo de la sesión de abril por el que la oposición logró aprobar que dinero del remanente de tesorería se destinase a la deuda con Muvisa y no a la deuda bancaria, y la problemática de los pisos de Visocan calentaron la última sesión ordinaria de este mandato, a falta tan solo de la celebración de una el 12 de junio para aprobar el acta de la de ayer. Aunque también se lograron alcanzar algunos acuerdos por unanimidad.

El primer tema que se abordó fue el expediente que llevó la Comisión Plenaria de Hacienda para “declarar la lesividad” del acuerdo aprobado en el Pleno de abril sobre el uso de parte del remanente de tesorería para pagar a Muvisa, así como “impugnar el acuerdo ante la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo instando su anulación, por ser contrario al ordenamiento jurídico, así como la suspensión cautelar de su ejecución por cuanto puede producir perjuicios de difícil o imposible reparación”. Y, además, “facultar al alcalde-presidente para que, a través del servicio jurídico del Ayuntamiento, lleve a cabo las acciones legales que precise la ejecución del presente acuerdo”.

Éste expediente se logró aprobar con el voto de calidad del alcalde, tras el empate a diez votos del no de Unidas se puede, XTF-NC y los concejales no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez, y del sí de CC, PP y PSOE y el edil no adscrito Zebenzuí González. Mientras, los dos concejales de Ciudadanos decidieron abandonar el Pleno y no votar por sus “serias dudas” respecto al expediente y ante la decisión del alcalde de no querer dejarlo sobre la mesa para el próximo Gobierno local, tal y como le habían solicitado desde la oposición.

Este expediente generó un intenso intercambio entre el alcalde y, especialmente, el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, quien defendió y argumentó la legalidad del acuerdo que se aprobó en el Pleno de abril, por lo que, a su juicio, “no cabe declarar este acuerdo lesivo, porque no lo es”. Además, recordó que existe un informe del interventor sobre este asunto y en el que afirma que esta decisión “es de carácter político”. “Y si hoy se acuerda la lesividad -tal y como pasó-, en el próximo Gobierno local pediré que la Alcaldía no formule la demanda”, anunció Pérez.

Por su parte, el alcalde añadió que dicho informe también incluye que “no corresponde a esta Intervención determinar si la ejecución del acuerdo puede constituir infracción de disposición legal”, y recordó que la ley establece que “cuando hay superávit la prioridad y obligación es pagar las deudas”, así como que “la directora de los Recursos Económicos de este municipio dice que la deuda con Muvisa llega al importe de 16.663 euros, porque lo demás está consignado, y, por tanto, corresponde, en base a la ley, pagar lo que se adeuda al banco que corresponda”. “Y lo que he hecho es trasladar, por indicación de los funcionarios, a Fiscalía simplemente el expediente, no denunciar. Y la propia dirección de los funcionarios del área económica plantea que este acuerdo es lesivo”, enfatizó.

Unas afirmaciones que fueron duramente criticadas por Santiago Pérez, quien calificó de “cobarde” al alcalde por “echar la culpa a los funcionarios de decisiones que toman usted y Fernando Clavijo” y lo acusó de que “han llegado al cénit en la campaña electoral de trampas”; a lo que el alcalde respondió que, “por las acusaciones que ha hecho, miraré si tomo decisiones jurídicas sobre lo que ha dicho”, llamando a Pérez a la atención y abriéndose un tenso cruce de acusaciones entre ambos.

Por su parte, Javier Abreu afirmó que “reitero mi voto en contra a pagar al Santander antes que a los vecinos, y no tengo miedo a ninguna querella ni denuncia”.

Vecinos de Visocan

Otro de los puntos calientes de la sesión fue la moción que llevó Unidas se puede para facilitar la atención y las acciones de compra a las personas residentes en los pisos de Visocan, y que contó con la intervención de dos de los vecinos afectados, quienes pidieron compromisos por escrito para la transmisión de sus casas. “Los vecinos están siendo engañados, no se puede decir que 23 años después nos van a revender nuestras casas”, sostuvo María Concepción Santos, una de las intervinientes. “CC dijo a los vecinos que en 10-12 años estas casas serían suyas, eso fue en la antesala de la entrega de llaves, ahí hay un compromiso verbal. Y eso se lo han pasado por las narices”, enfatizó Sisto Díaz, otro de los vecinos afectados.

Por su parte, el alcalde sostuvo que, desde 2105, “he defendido la posición de los vecinos de adquirir la propiedad de las viviendas”, aunque recordó que “no es competencia del Ayuntamiento”. CC presentó una enmienda de sustitución en la que se recogía que el precio de compraventa será el establecido en el momento de la adjudicación y que conforme a la Ley de Vivienda se detraerá la renta abonada ya por los vecinos, entre otros puntos.

Especialmente crítico fue Javier Abreu, quien afirmó que “todo es un montaje y un engaño” y sostuvo que “este no es es el lugar para tomar decisiones sobre Visocan”, sino en el Parlamento de Canarias, y pidió que se abra una comisión de investigación a Visocan.

Mientras, el portavoz de XTF-NC, Rubens Ascanio, abogó por activar también los mecanismos del Ayuntamiento para auxiliar y asesorar a los vecinos para adquirir sus viviendas, y se mostró de acuerdo en apoyar la enmienda de CC, con algunos añadidos. Sin embargo, CC no aceptó modificar su enmienda y finalmente se aprobó el texto de Unidas, con una autoenmienda, con los 12 votos a favor del PSOE, Unidas, XTF-NC y los concejales no adscritos Yeray Rodríguez y Javier Abreu. PP y Ciudadanos se abstuvieron y CC y el concejal no adscrito Zebenzuí González votaron en contra.

Así, en el texto finalmente aprobado se insta a Visocan y al Gobierno de Canarias “al establecimiento de ayudas para la compra para las personas con menos recursos”, así como a que “se establezca un precio de adjudicación, adaptado al valor catastral del momento de la entrega, a la realidad de las familias y teniendo en cuenta las cantidades ya abonadas en los alquileres y las subvenciones recibidas”. También se pide a “la puesta en marcha de mejoras en los precios de los alquileres actuales”, así como que realice “la división horizontal de los edificios y a regularizar completamente su situación urbanística” y una auditoría completa a Visocan. Además, en La Laguna se creará “un plan en colaboración con Muvisa para el asesoramiento técnico y jurídico de las familias”, entre otros puntos.

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