La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que la nueva Ordenanza de Tráfico y seguridad vial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha redactado “sin un solo informe de la Policía Local, sin contar con el asesoramiento de los garantes de que dicha norma se cumpla en las vías y calles del Municipio”, por lo que consideran que supone una “vulneración de normas de rango estatal y de Ley”.
“Contraviene principios constitucionales, como la libertad de circular libremente por el territorio español, al referirse a los “guardacoches”, pudiendo los agentes municipales obligarlos a abandonar el lugar donde se hallen en la vía pública”, señala el sindicato en un comunicado en el que, además, destacan contradicciones en otras ordenanzas: “La Ordenanza Fiscal, la cual establece que solo se podrán hacer abonos a la Administración municipal mediante tarjeta de crédito o trasferencia bancaria. En el artículo que habla de los “guardacoches”, determina que los policías locales decomisarán el dinero supuestamente recaudado por la actividad mencionada en adelanto a la sanción. O la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones, la cual establece un máximo de ochenta y cinco decibelios desde las ocho horas de la tarde hasta las ocho horas de la mañana, siempre que no se encuentre el emisor del sonido cerca de centros de salud, zonas residenciales o colegios, y en la nueva ordenanza se dice que se denunciará el sonido que se perciba más allá del vehículo, lo cual es una absoluta subjetividad”.
Además, dicen “no entender” que se hable de los guardacoches en una Ordenanza de Tráfico al tratarse de “un problema social de mendicidad”, pero la razón por la que el CSIF prepara una demanda contra la citada normativa es otra: “La asignación de funciones de tráfico a los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil, lo cual supone una usurpación de funciones, y la imposibilidad legal de la Administración Municipal de conceder a personal civil unas competencias que la Ley establece únicamente para los agentes de la autoridad, con todos los problemas de inseguridad que esto produce. Este artículo intenta solventar la acuciante falta de policías locales que afecta a la capital, utilizando a personal voluntario en tareas para los que no están preparados. Desde el Sindicato nos preocupa que ante esta avalancha de ilegalidades y contradicciones, la ciudadanía demande a la Policía Local el cumplimiento de las mismas, con los problemas que eso podría acarrear a los agentes, o en el caso de su incumplimiento, el enfado de la ciudadanía”.
Por último, indican que las administraciones “han querido dar una respuesta rápida a los numerosos problemas que se producen en una gran ciudad a través de una norma que se ha redactado desde el punto de vista político, no desde el técnico, de espaldas a la Policía Local y con el fin de hacer creer al ciudadano que con esta redacción, todos los problemas de Santa Cruz se han solucionado”.
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