El Juzgado de lo Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife decidió posponer para el 1 de octubre el juicio contra el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Tacoronte que el grupo de gobierno (CC) denunció hace apenas un mes ante los juzgados.
Dicho convenio data del año 2011, pero el alcalde, Álvaro Dávila (CC), consideró que tenía importantes defectos de forma pese a que los informes de Función Pública “solicitados por él mismo le indicaban que era totalmente válido y a pesar de que lo ha aplicado hasta ahora”, apunta el comité de empresa.
La decisión del cambio de fecha se debe a un “importante defecto de forma cometido por el abogado contratado por el grupo de gobierno, que, dicho sea de paso, es de Las Palmas y cuyas dietas salen de las arcas municipales”, subraya. El letrado no dio cuenta al Ministerio Fiscal y a la Dirección General de Trabajo, pese a que esta última institución es la que le dio el visto bueno. Un error de forma “muy grave”, según el comité de empresa, que revela “la rapidez con la que Dávila quiso actuar ante la proximidad de las elecciones para usarlo en campaña electoral”.
Sin embargo, la visión del concejal de Recursos Humanos, Domingo Castillo, es muy diferente. En su caso, defiende que el abogado “ha ejecutado perfectamente la demanda, pero su señoría, para los intereses de todas las partes implicadas, estimó oportuno la comparecencia de ambos organismos”.
En cuanto a lo que la representación de los trabajadores considera que es un defecto de forma, se remite a la propia demanda que estos presentaron con anterioridad con el mismo objeto, “un conflicto colectivo, en el que no instan la comparecencia del Ministerio Fiscal”.
En ese sentido, Castillo asegura que el Ayuntamiento “ha evitado siempre judicializar las cosas”, pero “no le ha quedado más remedio” de acudir a la Justicia ante la situación planteada con anterioridad a la denuncia por parte del personal, que esta en lleva el Juzgado Número 8.
El planteamiento de los empleados es exactamente a la inversa. Consideran que el alcalde presentó esta demanda “porque el 20 de este mes hay un juicio importante para que los trabajadores públicos, tanto laborales como funcionarios, puedan recuperar las 35 horas semanales que la gran mayoría de administraciones públicas ya aplican y a lo que el Gobierno de CC se niega sistemáticamente, igual que a sentarse a negociar”, aunque Domingo Castillo lo niega.
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