Política

El Parlamento ha convalidado cinco decretos ley dictados en tres meses

El pleno extraordinario acepta que los ayuntamientos deleguen la competencia de convocar plazas para la Policía Local y una corrección en la ejecución de las sanciones deportivas

La sesión de ayer del Parlamento de Canarias se desarrolló en la Sala Europa debido a que el hemiciclo se encuentra en obras de ampliación, dado que los escaños en la próxima legislatura pasarán de 60 a 70. Parcan
La sesión de ayer del Parlamento de Canarias se desarrolló en la Sala Europa debido a que el hemiciclo se encuentra en obras de ampliación, dado que los escaños en la próxima legislatura pasarán de 60 a 70. Parcan

En medio de las interrogantes sobre la cita con las urnas del 26 de mayo, sus señorías abrieron ayer un paréntesis en la precampaña para convalidar el cuarto y quinto de los decretos ley que Fernando Clavijo ha dictado en tres meses. Al amparo del Estatuto de Autonomía en vigor desde el 6 de noviembre de 2018, las primeras de estas iniciativas las firmó el mandatario canario el 26 de febrero: de modificación de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos y de la de los municipios. En la Cámara se avalaron el 19 de marzo. Luego vendría un decreto (creado el 6 de marzo) para actualizar la Ley de Viviendas con la finalidad de apuntalar las reposiciones en la urbanización lagunera de Las Chumberas. En el insólito pleno extraordinario de este martes se trataron otras dos reformas legislativas: de la coordinación de las policías locales, para cubrir vacantes, y de la Actividad Física y del Deporte, al objeto de corregir un error que venía en el proyecto, y del que nadie se percató en la ponencia, en relación a las sanciones en materia disciplinaria. A partir de este momento, “serán inmediatamente ejecutivas, sin que las reclamaciones o recursos interpuestos contra ellas paralicen o suspendan su ejecución, salvo que el órgano al que corresponda a resolver el recurso acuerde su suspensión”. 

En un ambiente en el que se respiraba un aire electoralista, la confrontación fue de baja intensidad. En ninguno de los puntos del orden del día intervinieron los candidatos a la presidencia del Gobierno o los portavoces de los grupos. Hicieron doblete Nayra Alemán (PSOE) y Esther González (NC). Tampoco era el escenario habitual (“Sin cuadros extraños”, comentó Paco Déniz, de Podemos). Como quiera que el hemiciclo se encuentra en obras de ampliación (de 60 a 70 escaños), la sesión se desarrolló en la Sala Europa. Para llamar a votación, a mano alzada, Carolina Darias sustituyó la campanita por la campanilla de su garganta. Se habían despedido el 27 de marzo. Pero, dado que la disolución no será efectiva hasta la celebración de los comicios, el riesgo de volver antes de tiempo existía. Y no ha desaparecido.  

La consejera de Seguridad, además de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto, justificó el cambio en que actualmente hay en las Islas 700 plazas vacantes de policías locales, a las que se suman 300 por la jubilación. “La tasa para el año 2018, del 115%, permitirá cubrir la totalidad de estas plazas”, resaltó. A continuación, Melodie Mendoza justificó el apoyo de ASG en que aporta una solución y otorga a los ayuntamientos una opción para cubrir las deficiencias de personal; especialmente, en aquellas corporaciones con mayores dificultades para afrontar la demanda. Por Nueva Canarias, Esther González salió a la carga. Cuestionó el carácter urgente del decreto, criticó las prisas y lamentó el “desprecio” a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), a la que “se le informó” a posteriori: “La Ley de Policías Locales de Canarias figuraba en la agenda legislativa del Gobierno de Canarias y, a pesar de que cuenta desde hace dos años con un texto pactado [para modernizar la de 1997], solo ha habido promesas y compromisos incumplidos. Buscaban el aplauso de los sindicatos y les ha salido el tiro por la culata”. 

Manuel Marrero (Podemos) puso en entredicho la disposición al diálogo: “Estamos ante un lavado de cara por la inacción durante toda la legislatura. Esta chapuza es un exponente del fracaso del Gobierno. No vamos a hacerles el juego”.  Luz Reverón avanzó el sí del PP a una medida ordinaria frente a circunstancias extraordinarias por responsabilidad, sobre cualquier interés partidista. El Gobierno no ha hecho sus deberes. Por eso, el decreto”. 

Nayra Alemán sacó el cuaderno de multas: “La consejera ha sido incapaz de tener una ley de policías consensuada y ahora se reúne con los sindicatos para hacer una promesa electoral que ha llevado al Parlamento regional para que se la convaliden en forma de decreto ley. Era urgente hace cuatro años”. En nombre de CC-PNC, Socorro Beato reprochó a la diputada socialista su tono beligerante, que contrastó con los “parabienes” en el debate de una proposición no de ley (PNL) aprobada por unanimidad: “¿Se ha leído el dictamen del Consejo Consultivo? No hay lesión a la autonomía local, porque la delegación se realizará a través de convenios. Lo que pasa es que ahora se prioriza desgastar al Gobierno y tumbar a Clavijo”.  

El decreto de ley superó el examen por 31 votos a favor (CC-PNC, PP y ASG) y 24 en contra (PSOE, Podemos y NC).  

En su artículo único, el texto incorpora una disposición adicional a la ley 6/1997 por la que “los ayuntamientos de Canarias, por acuerdo del órgano competente, podrán delegar en la Administración pública de la comunidad Autónoma de Canarias, el ejercicio de sus competencias para la selección, incluyendo la promoción interna, del personal de sus cuerpos de Policía Local, respecto de las plazas previstas en sus respectivas ofertas de empleo público”. Se “llevará a cabo una convocatoria anual unificada”.  En enero, los sindicatos de la Policía Local registraron un escrito en el Parlamento para que el Ejecutivo regional ofertara más de 1.000 empleos. 

La tramitación del decreto que retoca la Ley del Deporte resultó menos traumática. El marcador no registró opiniones discrepantes, aunque se expresaron matices acerca de la causa que originó la cirugía: se habló de “despiste” de los parlamentarios y de “distracción” del Gobierno.   incisiva se mostró Esther González, a quien le parece “incomprensible” e “inconcebible” que, con tantos problemas, al consejero Isaac Castellano se le ocurriera la “feliz idea” de “liarla”, cuando lo podrían haber dejado como estaba: “Los experimentos, ni con gaseosa”. A Paco Déniz le sorprende que, en la fase de exposición pública, las federaciones no reportaran la anomalía. Lorena Hernández (PP) asumió el mea culpa, Jesús Ramos (ASG) valoró el “acierto” y Migdalia Machín (CC-PNC) dedicó el éxito a las entidades deportivas. 

Alemán anunció la presentación de una denuncia ante la Junta Electoral en la que el PSOE solicitaba que prohibiera una reunión entre Fernando Clavijo y representantes del sector para agradecer su colaboración que suspendió ese órgano. 

Isaac Castellano explicó que “las resoluciones sancionadoras recaídas en los procedimientos extraordinarios en materia disciplinaria deportiva serán ejecutivas cuando no quepan ningún recurso ordinario en la vía administrativa”. Cuando sean ejecutivas, “se suspenderán cautelarmente si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en la vía administrativa”. La suspensión cautelar terminará una vez “transcurrido el plazo legalmente establecido sin que el interesado haya interpuesto un recurso contencioso-administrativo”. 

La ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias recoge la igualdad entre mujeres y hombres y la diversidad sexual, clarifica el reparto de competencias entre las administraciones, redefine la naturaleza y el contenido del Plan Regional de Infraestructuras Deportivas y “mejora técnicamente” el alcance de la tutela de la Administración autonómica sobre las entidades deportivas. Fuera quedó el apartado del patrocinio deportivo de los productos alimenticios procesados y bebidas azucaradas.  

El artículo 46 del Estatuto determina que, “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, que recibirán el nombre de decretos-leyes y deberán convalidarse por el Parlamento en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su publicación”.