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La jueza y Anticorrupción desmontan la teoría conspirativa de Clavijo sobre la Fiscalía

Tanto el juzgado como María Farnés recuerdan a las defensas que, aun en el supuesto de que existiera un escrito interno sobre el caso, “no afecta en nada” a este proceso
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras declarar como imputado en el llamado caso Grúas. Fran Pallero
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras declarar como imputado en el llamado caso Grúas. Fran Pallero
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras declarar como imputado en el llamado caso Grúas. Fran Pallero

Quod non est in actis non est in mundo. Este aforismo latino, que significa “lo que no está en los autos, no está en el mundo”, es, en esencia, lo que han venido a recordar tanto la jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna (que instruye el llamado caso Grúas) como la fiscal Anticorrupción provincial, María Farnés, en sendos escritos donde rechazan un recurso presentado por uno de los imputados (ahora investigado), el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, con el que se pretendía alimentar una teoría conspirativa aducida por otro de los imputados, el hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y en la que no se ha dudado en acusar a la Fiscalía de ocultar documentación comprometedora para el caso.

Sin embargo, ni la jueza ni la fiscal han considerado dicho recurso. La magistrada lo rechaza con tanta brevedad como contundencia en un auto fechado el pasado 2 de mayo y cuya copia obra en poder de DIARIO DE AVISOS. Así, en el mismo se detalla que frente al recurso de reforma “presentado contra la providencia de 09/04/19 en cuya virtud se denegaba la solicitud de recabar a la Fiscalía General del Estado, documentación de informes emitidos por el fiscal Demetrio Pintado y de instrucciones dadas por la Fiscalía General al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de “demorar” [entrecomillado en el original] los informes hasta la aprobación del Estatuto de Canarias”, se recuerda a las defensas que “si existieran esos pretendidos informes o instrucciones internas, a esta proveyente no le constan. Aun existiendo, son documentos ajenos a este procedimiento y en última instancia se trataría de documentación interna, que para los delitos aquí investigados no guardan relación”.

Por si fuera poco, la jueza aún es más explícita cuando añade que “si alguien emitió un parecer sobre si seguir o no una causa, si no sale a la esfera de lo oficial y público, es como variar, sin haber firmado [subrayado en el original], una resolución judicial por madurar su contenido. Así las cosas, esos pretendidos escritos o informes no alcanzaron vida pública, por lo que a este Juzgado en nada afectan”, remacha de forma contundente, tras lo cual se procede en el auto a rechazar el referido recurso.

En cuanto al escrito con el que la fiscal Anticorrupción provincial valora (como es preceptivo) el recurso en cuestión, en su texto apunta a este respecto que “en el supuesto de que efectivamente existieran los escritos a los que hace referencia el recurrente, los cuales no constan en el presente procedimiento, así como tampoco en el testimonio que ha sido remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que en principio son inexistentes, lo que está claro es que no sería competencia de este Juzgado de Instrucción el solicitar los mismos a la Fiscalía General del Estado, porque, en virtud de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni para el ámbito del sumario ni para el procedimiento abreviado”. Es decir, que tanto la jueza como Anticorrupción han recordado a las defensas el viejo aforismo jurídico por el cual “lo que no está en los autos, no está en el mundo”.

En cuanto a la actualidad del caso Grúas, que ya ha entrado en la historia de la política regional al tratarse de la primera vez que un presidente del Gobierno de Canarias está imputado (además por un caso de presunta corrupción, dado que se investiga la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias), todo apunta a que, en breve, el juzgado reanudará la práctica de pruebas en un asunto en el que, además de Fernando Clavijo, también están imputados el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el también concejal Antonio Pérez-Godiño, todos ellos de Coalición Canaria. Una de las decisiones más esperadas es si, finalmente, el Juzgado llama a declarar a la exdirectora general de la seguridad lagunera, Rosario Hernández, como testigo o como investigada.

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