El Ministerio Fiscal mantiene la acusación por un supuesto delito de prevaricación contra el exalcalde portuense, consejero electo del Cabildo de Tenerife y número 3 del PP en Canarias, Lope Afonso, para lo que solicita una pena de inhabilitación de 9 años y 3 meses. Sin embargo, considera que no procede la petición de la acusación particular de una pena de cárcel de 3 años por malversación de fondos públicos dado que no existe ningún indicio que así lo demuestre y además, en ningún caso, se ha creado un grave perjuicio a la administración.
Estas son las principales conclusiones del juicio oral por el caso ‘Mercadillos’ celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Santa Cruz de Tenerife que ha quedado visto para sentencia.
Los hechos se remontan a febrero de 2015 tras la denuncia interpuesta en Fiscalía por la plataforma vecinal Vigía, defensora de los derechos públicos y privados, contra el entonces concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Concesiones Administrativas por un supuesto delito de prevaricación tipificado en el Código Penal.
El colectivo puso en conocimiento de la justicia las presuntas irregularidades cometidas en el funcionamiento de tres mercadillos de la ciudad, ubicados en la avenida Marqués Villanueva del Prado, (frente al Centro Comercial La Cúpula), en la plaza Francisco Afonso Carrillo (en la parte superior de la antigua estación de guaguas) y el de la plaza de Europa.
Según la acusación particular, las autorizaciones para que los dos primeros se instalasen se concedieron por el acusado sin seguir procedimiento alguno ni respetar las exigencias de concurrencia competitiva.
Pese a que la vista estaba fijada para las 09.30, comenzó con una hora de retraso y se prolongó casi hasta las 15.00. Durante ese tiempo y con tan solo 20 minutos de receso, prestaron declaración ocho testigos además del acusado.
Fue este último el primero en dar su testimonio, después de que su abogado intentara excluir, sin éxito, a la acusación popular por no haber aportado la fianza correspondiente antes de la vista oral.
Durante más de una hora, Afonso respondió todas las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal, y por el suyo propio, y rechazó contestar las formuladas por el abogado de la acusación particular.
Dejó claro que es licenciado en Derecho y que ejercía como abogado antes de tomar posesión como concejal del Ayuntamiento. Además de corroborar los años que estuvo en el cargo y las tareas desempeñadas, hizo hincapié en que el mercadillo de la plaza de Europa había sido autorizado por el exalcalde de CC -ya fallecido- Marcos Brito.
También señaló que el objetivo de todos ellos, que tenían carácter temporal, era ser una actividad dinamizadora para el comercio de la zona, sobre todo en una época de crisis, y por ello se consultó con los comerciantes y los técnicos.
De los ocho testigos, resultaron claves el testimonio del exsecretario del Ayuntamiento, actualmente en el Cabildo de Tenerife, y de la exalcaldesa, concejal de Hacienda y socia política del acusado en el pasado mandato, Sandra Rodríguez, con quien llegó al Palacio de Justicia.
El primero, porque certificó que “por sus manos no pasó ningún expediente administrativo relativo a este tema” y que tuvo conocimiento del funcionamiento de los mercadillos por los informes policiales. Igualmente, dejó claro que era necesario según la legislación vigente, abrir un régimen de concurrencia competitiva para casos como éste y dijo que así lo habría sugerido en caso de habérsele consultado.
La segunda, porque declaró que al fallecer Marcos Brito la Policía local le trasladó sus dudas sobre la legalidad de los mercadillos y tras consultar al secretario y al jefe de área – no especificó de cual- le confirmaron que “la situación era irregular” y por esta razón procedió a suspender el único que quedaba, que era el de la plaza de Europa dado que los otros dos dejaron de operar en abril y junio de 2014.
El jefe de la Policía Local, que despachaba “todos los días” con Marcos Brito. le trasladó su preocupación porque los mercadillos no se ajustaban a la ordenanza de 2004. Debido a ello, se le encargó un informe que luego remitió al jefe de servicio y según indicaciones del exmandatario, a los concejales cuyas áreas podían estar relacionadas, como eran los casos de Hacienda, Comercio y Urbanismo.
La Policía Local era la encargada de comprobar el espacio público que cada puesto ocupaba para que después pudieran cobrarse las tasas correspondientes por parte de Hacienda.
Tras más de cuatro horas de declaraciones, la conclusión de la Fiscalía fue contundente. Entendió que concurren todos elementos propios de los delitos de prevaricación. Entre ellos, señaló que se habían omitido una serie de reglas procedimentales, como no establecer un sistema público de libre concurrencia que permitiera que terceros interesados pudieran presentarse. La actividad tampoco fue certificada con una argumentación técnica jurídica “medianamente razonable”, y se le dio “carácter provisional” pese a que uno de los mercadillos se mantuvo año y medio.
El fiscal estimó que el conocimiento hacia el derecho debe acreditarse en este caso. “A un concejal que lleva un par de años en el cargo, que es licenciado en Derecho y que había ejercido como abogado, ¿no se le ocurre pensar que algo tan importante como esta concesión debe hacerse por un sistema de libre concurrencia y no dársela al primero que llega? Resulta ridículo que no se le hubiera ocurrido, tenía mil posibilidades, entre ellas, la consulta al exsecretario del Ayuntamiento. No había una especial prisa ni necesidad en concederlos tan rápido”, afirmó.
Igualmente, hizo hincapié en dos alegaciones que introdujo la defensa, propias solo de este tipo de delitos. Por un lado, “que hay más gente que lo hace y eso no es admisible”, y por otro, de que había intereses de otro tipo en cuanto al denunciante.
La acusación particular se afirmó en que había un delito de malversación de caudales públicos contemplado en el Código Penal, mientras que para el letrado de la defensa, la manifiesta ilegalidad de un supuesto delito de malversación “no quedó clara ni siquiera para el Ministerio Fiscal”.
Este último también subrayó que en todo momento el acusado había actuado “en la condición de que se hacía sin contradecir la legalidad. Respecto al régimen de concurrencia competitiva sostuvo que “más allá de la formalidad, no se sabe si se ha impedido, dificultado o prohibido a alguien que no pudiera realizar la actividad. No se ha presentado nadie diciendo que lo hubiera querido”. Y sostuvo que “no era ilegal la autorización en las condiciones dadas”.
El abogado de Lope Afonso defendió que “no puede ingerirse la existencia de una vulneración de una normativa consciente por parte del acusado y por lo tanto, no puede ser considerado un delito de prevaricación”, y solicitó una sentencia absolutoria para su cliente.
Un capítulo que puede marcar un antes y un después en posibles pactos
La declaración de ayer de Lope Afonso es un capítulo que puede marcar un posible pacto en el Cabildo de Tenerife, aunque “hasta el momento no ha sido un hecho relevante a la hora de hablar con las fuerzas políticas con las que se puede llegar a un acuerdo de gobernabilidad”, manifestó ayer antes de entrar al Palacio de Justicia. Respecto a que Cs no pacta con imputados, Afonso matizó que “en casos de corrupción” y “no estamos ante un hecho de esa naturaleza y por lo tanto, no tienen esa línea roja”
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