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Urbaser y FCC solicitan nuevas medidas cautelares sobre el contrato de Limpieza

El Ayuntamiento capitalino está a la espera de este recurso para tomar una decisión sobre el servicio adjudicado a Valoriza
Urbaser lleva más de 10 años como concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras en el municipio de Santa Cruz. A. G.
Urbaser lleva más de 10 años como concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras en el municipio de Santa Cruz. A. G.
Urbaser lleva más de 10 años como concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras en el municipio de Santa Cruz. DA

Natalia Torres / Moisés Grillo

Urbaser y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), dos de las empresas que concursaron en la licitación del contrato de Limpieza y Recogida de Basuras de Santa Cruz, han presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), solicitando nuevas medidas cautelares sobre la formalización del contrato. El alto tribunal canario ya había denegado la aplicación de medidas cautelarísimas, es decir, de extrema urgencia, para evitar de manera inmediata cualquier acto concerniente al contrato de este servicio que se adjudicó a la empresa Valoriza en el anterior mandato, sin dar audiencia a las partes interesadas en el proceso (Ayuntamiento y la propia Valoriza). La nueva ofensiva judicial exige la aplicación, esta vez, de medidas cautelares, una decisión que no reviste la urgencia del anterior recurso y en la que sí se debe dar audiencia a todas las partes. En este caso se solicita lo mismo que en el primer recurso y que no es otra cosa que se paralice la adjudicación hasta que se decida sobre el fondo.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, el nuevo concejal de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, confirmó a DIARIO DE AVISOS, que se está a la espera de que el TSJC se pronuncia sobre esta nueva petición de medidas cautelares, antes de posicionarse sobre qué hacer. La alcaldesa, Patricia Hernández, avanzó en campaña electoral que su intención era la de paralizar la adjudicación.

En el auto emitido por parte del TSJC, el pasado 3 de junio, las representaciones legales de ambas compañías habían solicitado medidas cautelarísimas, que fueron desestimadas por la sala ya que el alto tribunal canario no apreció “circunstancias de especial urgencia para adoptar la medida cautelar interesada con fundamento en el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. Entonces señaló que no había motivo para no dar audiencia al Ayuntamiento, y como parte afectada a la empresa que resultó adjudicataria del contrato, Valoriza Servicios Medioambientales S.A. Tras este rechazo, ambas empresas decidieron recurrir nuevamente, esta vez, solicitando las medidas cautelares, por las que aún se espera respuesta.

En cuanto a las opciones que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz para salvar una adjudicación que, ahora mismo, solo puede paralizar el juzgado, la semana pasada, desde Unidas Podemos, se apuntaban algunas de ellas. Su portavoz, Ramón Trujillo, señalaba que, a su entender, había que pedirle a Valoriza que renunciara a la adjudicación. Si esto no se producía, Trujillo señalaba que el Ayuntamiento debía ser estricto a la hora de aplicar las posibles sanciones por incumplimiento. “Valoriza alegó durante el concurso que era posible ejecutar el contrato en pérdidas”, recordando que la empresa ofreció que se le sancionara en un mayor porcentaje si finalmente no cumplía con los estándares de calidad. “Pues bien, eso es lo que habría que hacer desde el primer incumplimiento”, señaló Trujillo.

Respecto a la prestación del servicio en la actualidad, el anterior equipo de gobierno prorrogó a Urbaser, actual concesionaria, el contrato para que siguiera prestando el servicio hasta que se resolviera la situación judicial con Valoriza.

La Junta de Gobierno aprueba el pago de recibos de luz pendientes

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz abordó, ayer, el expediente relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito derivado de facturas pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2018, emitidas por la entidad Gas Natural Comercializadora, S.A., de suministro de energía eléctrica para las instalaciones deportivas municipales (Servicio de Deportes), para su aprobación. De esta forma, el equipo de gobierno intenta salvar la situación que han vivido algunas de los campos de fútbol de Santa Cruz que han sufrido cortes de luz por impago. Situación que podría extenderse a otro tipo de instalaciones.

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