La Policía Nacional analizó más de un millón de datos para esclarecer el asesinato en abril de 2018 del empresario Carlos Machín, que falleció tiroteado en el municipio tinerfeño de La Laguna, y detener a nueve personas por su presunta implicación en los hechos.
Un comunicado de la Policía Nacional informa de que la investigación para esclarecer este asesinato se ha prolongado durante un año y señala que entre los nueve personas detenidas se encuentra el presunto inductor del crimen.
Los hechos sucedieron el 17 de abril de 2018 a las 22:10 horas en los aparcamientos de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna cuando Machín fue tiroteado en el interior de su vehículo tras salir de clase.
El autor material del crimen realizó once disparos de los que nueve impactaron en diversas partes del cuerpo de la víctima, causándole la muerte en el acto.
Varios testigos reconocieron haber visto a dos varones en las inmediaciones del aparcamiento, en actitud de espera y tapándose parcialmente el rostro con un pañuelo de cuello.
Según el relato de la Policía, en la huida, los autores circularon en dirección prohibida hacia la avenida de Los Menceyes, lugar donde quemaron el vehículo empleado para destruir las pruebas.
Los presuntos autores materiales, tras cometer el asesinato, se escondieron en una casa en La Laguna, antes de desplazarse al sur de la isla donde permanecieron ocultos tres semanas.
Los investigadores observaron que la víctima portaba en su cartera un soporte plástico troquelado al que le faltaba una tarjeta de telefonía, tarjeta que no coincidía con ninguna de las que usaba en los dos teléfonos móviles que portaba la víctima.
Según la nota policial, una de las mayores dificultades a la que los investigadores de homicidios de la Policía Nacional se enfrentaron era la imposibilidad de tomar declaraciones y realizar gestiones con testigos y entorno de la víctima.
El blindaje era máximo para evitar las interferencias y destrucción de pruebas, dado el perfil del principal investigado y presunto inductor del asesinato e incluso uno de los investigados acudió en varias ocasiones a las dependencias policiales para aportar datos y hechos falsos de la víctima, con la clara finalidad de desorientar a los investigadores.
Según la Policía, el principal investigado mantuvo contactos y se reunió con los autores materiales en los primeros días de abril y la mañana del día del asesinato.
La investigación ha permitido conocer, que a finales del año 2017 los principales investigados iniciaron sus contactos y que, a partir de ese momento, trataron de proteger sus comunicaciones con teléfonos de seguridad que habían sido adquiridos en octubre.
Asimismo, se demostró que los investigados habían hecho uso de, al menos, 15 teléfonos móviles que eran usados exclusivamente para comunicarse entre ellos.
Estas líneas telefónicas, según la Policía, estaban a nombre de ciudadanos, normalmente extranjeros, a quienes habían usurpado la identidad.
Esto condujo a los agentes a una tienda de telefonía donde se obtuvieron nuevas pruebas que corroboraban las hipótesis de la Policía.
Se supo también que un vehículo usado había sido robado el domingo previo al asesinato y trasladado a Candelaria, donde permaneció oculto hasta el martes 17 de abril y donde le cambiaron las placas de matrícula por las de un vehículo abandonado en un polígono industrial.
Las balas y casquillos recogidos en la escena del crimen fueron analizados por la Sección de Balística Forense de la Comisaría General de Policía Científica, determinando los peritos que se había empleado una pistola semiautomática con el cañón modificado.
La Policía indica que esto es propio de armas que han sido inutilizadas y precisan de un armero con conocimientos específicos para poder rehabilitar las mismas, lo que llevó a relacionar a otro de los arrestados con los hechos investigados.
La Policía resalta la “extrema peligrosidad” de alguno de los investigados y explica que la operación culminó con la detención de las nueve personas y registros domiciliarios en La Laguna, El Rosario, Tacoronte, Güimar, Arona y Granadilla de Abona.
Se intervinieron una pistola semiautomática con el cañón modificado y un silenciador; así como un revólver del calibre 38 que estaban ocultos en el domicilio de uno de los principales investigados, así como documentación, teléfonos móviles y soportes de memoria que se están analizando actualmente.
Cinco de los investigados se encuentran en prisión.
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