El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna ha mantenido ya una primera reunión con la compañía pública de transportes del Cabildo de Tenerife, Titsa, para empezar a trabajar en cómo afrontar la deuda que el Consistorio tiene con la compañía por la prestación del servicio urbano de guaguas en el municipio desde 2014, y que asciende a casi cinco millones de euros, estudiándose la posibilidad del fraccionamiento del pago, según explicó el nuevo concejal de Hacienda y Asuntos Económicos, Alejandro Marrero.
El edil explicó que, a su llegada al Gobierno local, eran conocedores de la deuda de 2.779.204 euros (a lo que hay que sumar intereses y costes judiciales) que el Consistorio mantenía con Titsa por la prestación del servicio en los años 2014, 2016 y 2017, y sobre la que existía sentencia, del pasado 26 de abril, para que el Ayuntamiento abonara esta cuantía.
Demanda
Cabe recordar que, en noviembre del pasado año, DIARIO DE AVISOS ya anunció que el Cabildo iba a demandar al Gobierno de La Laguna por esta deuda. Desde el anterior equipo de Gobierno explicaron que no se trataba de “un problema de impagos, sino que no teníamos la herramienta jurídica para poder abonar el dinero a Titsa”, ya que el contrato de gestión de este servicio con la empresa pública, en régimen de concesión administrativa, había vencido en 2009 y no se había renovado, por lo que el servicio se había venido prestando desde entonces con la autorización del Ayuntamiento, pero sin el amparo de un contrato o acuerdo firmado entre ambas partes.
Esta situación se quiso solucionar con la adquisición, por parte del Ayuntamiento, de una acción de la empresa pública Titsa, que sería la herramienta jurídica que posibilitaría regular los pagos entre el Consistorio y la empresa por el servicio. La firma del acuerdo entre el Cabildo y el Ayuntamiento, por el que el municipio se sumó al accionariado de Titsa, se firmó en marzo de este año, aunque no entrará en vigor hasta el próximo octubre, según detalló el concejal Alejandro Marrero, por lo que se ha seguido sumando deuda, a parte de la reconocida por la sentencia de entre 2014 y 2017.
En este sentido, el concejal explicó desde 2018 a junio de 2019, Titsa reclama al Gobierno lagunero una cuantía de 2.078.443 euros, deuda que “no conocíamos, porque cuando sacamos las facturas pendientes de pago (que dieron ese total que ya se conoce de mas de 23 millones) no aparecía esta deuda en el sistema contable”. Es decir, “estas facturas no están reconocidas, no están en el programa contable y no se les ha dado tramitación dentro del Ayuntamiento, y cuando sacamos la relación de facturas pendientes por pagar no teníamos esta cantidad”, continuó explicando.
Por ello, en estos momentos, los servicios jurídicos municipales están estudiando “cómo encajar todas estas facturas pendientes y la fórmula jurídica para hacer el pago”.
Las reuniones con Titsa para ver cómo afrontar ambas deudas continuarán. El edil indicó que en este primer encuentro se planteó sumar ambas cifras para fraccionar los pagos, aunque “creo que no se podrá hacer porque es una sentencia con un periodo temporal, e incorporarle algo posterior es modificar la sentencia”, apuntó el concejal, por lo que lo más probable es que se negocie el pago fraccionado, por un lado, de la sentencia y, por otro, el de la deuda de 2018 y 2019, y lo que se acumule hasta octubre, cuando se active el nuevo contrato.
