Moisés Grillo / Diario de Avisos
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el pasado lunes la referencia de una demanda de la Comisión Europea (CE) contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento de la Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación (2007/60/CE) en Canarias, tal y como adelantó el periodista canario Víctor Rodríguez Gago en Europa Rup. La Comisión pide al Tribunal que declare que España “ha incumplido las obligaciones” de presentar los planes de gestión del riesgo de inundación de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y de someter a consulta pública los mapas de peligrosidad y de riesgo de Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma.
España tenía que haber cumplido con estas disposiciones antes del 22 de diciembre de 2015, según la Directiva de 2007, por lo que en enero de 2019 la Comisión anunció que actuaría contra España ante el TJUE de Luxemburgo. La demanda se presentó, finalmente, el pasado 16 de mayo.
La Comisión solicita una condena en costas a España, sin que se especifique la cuantía de las mismas. Además, en el escrito presentado por los representantes de la CE E. Manhaeve y E. Sanfrutos Cano, en calidad de agentes, la Comisión sostiene que España ha incumplido “las obligaciones que le incumben” por el artículo 7, apartados 1 y 5, de la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, aprobada en octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, que dispone que los Estados miembros, basándose en los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación de las distintas zonas hidrográficas, presenten a la Comisión planes de gestión de cada una antes del 22 de diciembre de 2015. En el caso de Canarias, España no ha presentado el plan de ninguna isla.
Según la Comisión Europea, España también ha incumplido, en el caso de Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma, la obligación de abrir una fase de información y consulta pública de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), los mapas de peligrosidad y de riesgo, y los planes de gestión. La citada directiva obliga a los Estados miembros a fomentar “la participación activa de las partes interesadas en los planes de gestión del riesgo”.
De hecho, Bruselas decidió dirigirse a la Justicia europea tras constatar que, después de dos avisos previos, todavía no se han completado los planes de gestión del riesgo de inundación de las siete demarcaciones hidrográficas de Canarias.
Hay que precisar en este punto que en marzo de 2018 la Comisión Europea denunció además a España por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) sobre los planes hidrológicos de las cuencas de Canarias. Las obligaciones sobre los planes se recogen en la directiva sobre inundaciones, cuyo objeto es reducir y gestionar los riesgos que suponen las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, la actividad económica y el patrimonio cultural. Según esa normativa, los Estados miembros debían finalizar y publicar sus planes de gestión del riesgo de inundación y notificarlos a la Comisión el 22 de marzo de 2016 a más tardar.
A pesar del apercibimiento, el Gobierno de Canarias inició un proceso de “tutorización” y “asesoramiento técnico” a los cabildos para intentar acelerar el procedimiento y facilitar a las instituciones insulares y que su aprobación “culminase lo antes posible”. Según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, a excepción de los consejos insulares de Tenerife y Gran Canaria, el resto de las islas casi no cuenta con personal para realizar los citados informes, de ahí la tutorización pretendida por el Gobierno autonómico que, de momento, no ha surtido efecto.
155 Áreas de Riesgo
La Directiva de Gestión y Evaluación de los Riesgos de Inundación asume, entre sus consideraciones previas, que “las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse”, aunque “algunas actividades humanas (…) y el cambio climático están contribuyendo a aumentar las probabilidades de que ocurran, así como su impacto negativo”. La UE considera que “es posible y conveniente reducir el riesgo de consecuencias negativas, en particular para la salud y la vida humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras asociadas a las inundaciones”.
El Parlamento y el Consejo, colegisladores de la directiva, indican a los Estados miembros que los planes de gestión del riesgo de inundación “deben centrarse en la prevención, la protección y la preparación”. Les pide que basen sus evaluaciones, mapas y planes en las “mejores prácticas” y las “mejores tecnologías disponibles”.
La directiva distingue entre tres fases: la evaluación del riesgo, el mapeado y los planes de gestión. La evaluación del riesgo da lugar a la identificación de áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). El Cabildo de El Hierro ha identificado seis zonas ARPSI en la isla; el de La Gomera, cuatro; el de La Palma, siete; el de Lanzarote, 35; el de Fuerteventura, 33 (7 fluviales y 26 por mareas); el de Tenerife, 33 (8 fluviales y 25 por mareas), y el de Gran Canaria, 44 (6 fluviales, y 38 por mareas).
La fase de mapeado distingue entre el mapa de peligrosidad o cálculo de la zona inundable y el mapa de riesgo, que incorpora los usos del suelo y una estimación de los principales daños esperados en caso de inundación.
El tercer instrumento previsto en la directiva son los Planes de Gestión del Riesgo. Su objetivo es “lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones”, según explica el Ministerio español para la Transición Ecológica, basándose en las disposiciones de la Directiva y en el Real Decreto 903/2010 que la traspone al ordenamiento jurídico español. En su denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión denuncia a España por no haberlos presentado.
Periodo 2011-2017
Se da la circunstancia de que la Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación redactada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, en su página 30 especifica los sucesos que se han producido por inundaciones entre 2011 y 2017. Según las tablas, Santa Cruz de Tenerife (se incluye San Andrés) es la localización donde más incidentes se han producido, seguido de Costanera (El Rosario) y Costa Adeje.
En cuanto a la valoración económica de los daños ocasionados por estos sucesos sobre los bienes afectados, asciende para el periodo del citado estudio a un total de 10.739.072,88 euros.
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