La prestación canaria de inserción incluirá en 2020 a 10.000 familias

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias está trabajando para ampliar el número de beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) con vistas al próximo año. Así lo expuso ayer en la comisión parlamentaria correspondiente Noemí Santana, que anunció un incremento presupuestario para 2020 con el fin de cubrir las necesidades de 5.000 nuevas familias con menores a cargo. Eso supondrá extender hasta 10.000 el número de familias beneficiarias de la PCI: “Consideramos que las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social no pueden esperar más, mientras se pone en marcha la renta ciudadana y se desarrolla la ley”. La propuesta del Gobierno regional es permitir la entrada en la PCI a unidades de convivencia que la hayan cobrado en algún momento y actualmente tengan menores a cargo. La modificación de la ley de la PCI se acometerá a través de los Presupuestos.

Santana compareció a petición propia y de los grupos Nacionalista Canario (CC-PNC), Sí Podemos Canarias, Socialista y Nueva Canarias para hablar de los objetivos de su departamento para la décima legislatura. En su primera intervención, recalcó que no se esperará a la implantación de la renta ciudadana para ayudar a esas personas. La consejera manifestó que la prioridad “no es otra que las personas” que viven en el Archipiélago y dar los mejores servicios sociales que se pueda. Santana abogó por pasar de una política casi asistencialista a otra activa, entendida como un derecho de los ciudadanos, e insistió en luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como por la mejora de los servicios sociales y el fomento de la igualdad y la diversidad.

La consejera se refirió también a la gestión de las prestaciones no contributivas para reducir el tiempo de espera, que está en siete meses, al desarrollo del catálogo de servicios y prestaciones previsto en la ley de servicios sociales; al segundo plan de infraestructuras, y de atender a las personas mayores para que la respuesta no sea “aparcarlas”. Sobre el derecho a la dependencia, Noemí Santana dijo que 8.739 personas lo tienen reconocido pero no lo reciben.

En la segunda intervención, Santana repasó las políticas relacionadas con la juventud, con la lucha contra la violencia machista, y en favor de la infancia, la igualdad y la diversidad. Admitió que faltan recursos humanos, por lo que habrá una relación de puestos de trabajo para disponer de personal más estable, y se mostró de acuerdo en que es ambiciosa al querer reducir a la mitad y en un año el plazo para reconocer la dependencia, que está en dos años y medio.

Su antecesora en el cargo, la diputada de CC Cristina Valido, postuló que el único reto en los primeros meses es disponer de recursos humanos, porque, a su entender, no es posible poner en marcha una renta ciudadana ni bajar las listas de espera si no hay personal. Valido profirió que las buenas voluntades acaban cuando no se disponen de las herramientas, y se comprometió ser lo más constructiva posible en lugar de hacer “política del árbol caído”. En su opinión, la actual consejera ha sido “arriesgada” al asegurar que en un año bajará la lista de dependencia, y reconoció que no lo tiene fácil.

La parlamentaria del grupo Sí Podemos Canarias Dolores del Río incidió en la escasez de personal y señaló que es preciso reducir la burocracia y agilizar los procesos administrativos.

Lucía Ortega, del PSOE, solicitó la “urgente” dotación presupuestaria y la puesta en marcha de la nueva Ley de Servicios Sociales “en la mayor brevedad posible”, y alertó de que el riesgo de pobreza en Canarias a finales de 2018 era superior al 40%, el segundo más alto de España. “El 31,4% de todas las pensiones percibidas por nuestros mayores tiene un importe inferior al del umbral de la pobreza, con un 8% por debajo de la pobreza severa”.

Carmen Hernández (NC) puso de relieve que son muchos los retos y que las administraciones son lentas y no responden a las prisas de la calle. Se mostró partidaria de afrontar los problemas estructurales desde una visión integral.

Hipólito Suárez (PP) llamó a blindar los logros de la sociedad del bienestar y urgió el despliegue de la ley de servicios sociales, aprobada en marzo.

Por el grupo Mixto, Melodie Mendoza (ASG) planteó la lucha contra la pobreza y en particular contra la infantil, así como contar con una ley de atención integral a los menores.