Por DANIEL TOVAR
La carencia de medios en el sistema judicial palmero se hace cada vez más evidente. Son los propios profesionales quienes reclaman la aplicación de medidas que garanticen la seguridad de sus clientes, así como de los jueces y funcionarios que trabajan en las sedes de Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma. Dos enclaves que, junto al Juzgado de lo Penal Nº7 de Santa Cruz de Tenerife -desplazado desde hace algunos años a la calle Pedro José de las Casas de la capital palmera-, componen la red de infraestructuras al servicio de la sociedad isleña.
El consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, compareció ayer en el Parlamento regional a instancias de la diputada socialista Matilde Fleitas, que le preguntó sobre la situación administrativa en la que se encuentran las dos nuevas sedes que el anterior ejecutivo se comprometió a edificar en los mismos municipios que las acogen actualmente. Pérez, reconoció que Santa Cruz de La Palma no tiene suelo para albergar la que le correspondería, al menos, por el momento; y que Los Llanos de Aridane ha puesto a su disposición un solar en la calle Ramón Poll, tal y como anunció la propia alcaldesa de la localidad a principios de año. Es por ello que, anunció, “ya hay consignación presupuestaria” para crear el proyecto del complejo aridanense, y en caso de que la capital encontrara algún emplazamiento donde ubicar la suya, se crearía una partida en las cuentas del próximo ejercicio.
Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de La Palma, recuerda que fue el colectivo al que representa el que “exigió” las dos nuevas sedes, al entender que después de cuatro décadas en funcionamiento, las vigentes se encuentran cada vez en peores condiciones y dificultan su trabajo.
Además, adelantó que ya han presentado una solicitud formal al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que el Juzgado de lo Penal Nº7, que suple la necesidades, también, de El Hierro y La Gomera, pase a ser “permanente” en La Palma, y no “desplazado” como hasta ahora. “También pedimos que haya un Juzgado de lo Social” en la Isla, agregó Rodríguez, que podría integrarse, al igual que la anteriormente citada, en una de las nuevas sedes judiciales.
Matilde Fleitas había sido abogada ejerciente, hasta la toma de posesión de su escaño en la Cámara autonómica. Con conocimiento de causa, en el pleno de este martes hizo una extensa descripción de algunas de las situaciones que viven, día a día, los juristas palmeros.
GRAVES DEFICIENCIAS
En este sentido, aseveró que se atenta contra los derechos fundamentales de las personas detenidas, al obligarles a “hacer un recorrido de varios metros por la vía pública, hasta los precarios calabozos”.
Desde los pasillos, sería “inevitable” oír una declaración o una consulta al cuerpo funcionarial. Es más, añade que los letrados “atendemos a nuestros clientes” en el corredor por falta de espacios. Reclama, pues, una “justicia de calidad”.