Canarias es la única comunidad en la que los niveles de exclusión social han crecido en los últimos cinco años, al pasar del 28,6% al 29% entre 2013 y 2018, según se puso de manifiesto ayer durante una charla sobre el impacto del informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en Canarias, llevada a cabo por Guillermo Fernández, coordinador de Foessa, y José Saturnino Martínez, colaborador del informe, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna.
La jornada puso de manifiesto los efectos de la crisis en el grupo poblacional con menos ingresos, que ha visto mermada su renta el 16,8%, en contraposición con el 20% de la población más rica que la incrementó el 8,3%. Además, en las familias de las Islas, “la pobreza no solo se está cronificando, se está heredando. Nacer o criarse en un hogar con escasos bienes materiales e ingresos reducidos, aumenta la probabilidad de heredar la exclusión”.
Los ponentes manifestaron que la exclusión se enquista en la sociedad isleña. El número de personas en exclusión social en Canarias es de 617.000, el 29% de la población de la comunidad. Es “la sociedad estancada”, un grupo de personas para las que “el ascensor de la movilidad social no funciona”.
Pero dentro de la sociedad, existe un grupo especialmente vulnerable, afectado por problemas de exclusión, que acumulan tantos problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto de vida estructurado, “son 334.000 personas en situación de exclusión severa”. Han pasado de representar el 10,7% de la población canaria en el año 2013 al 15,7% en 2018, porcentaje muy superior al conjunto de España. “Son el grupo sobre el que se ceba la desigualdad y la precariedad en todas sus formas. La vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema y su invisibilidad para los políticos, son varias de sus características”.
los pobres, más pobres
Para los ponentes, la recuperación en Canarias se caracteriza por una tendencia en la que conviven una mejora en los niveles de integración (del 26,1% de la población en 2013 al 40,1% actual) y en los índices económicos, aparejados a una reducción de la desigualdad, “pero que al mismo tiempo presenta un crecimiento de la exclusión severa, que no siente los efectos de la recuperación y, de hecho, agrava sus condiciones de vida”.
La encuesta pone de manifiesto “la existencia de un alto riesgo de cronificación de las situaciones de exclusión social” y, sobre todo, de polarización de la estructura social, ya que “quien ha soportado en mayor medida los efectos de la crisis ha sido la población con menos ingresos”, que ha visto mermada su renta el 16,8%. Por el contrario, el 20% de la población más rica habría incrementado su renta el 8,3%.
El mayor riesgo de exclusión se centra en los hogares monoparentales con menores (50,6%) y familias numerosas (51,5%), consolidándose la mayor exposición de los niños y la juventud a la exclusión social, constituyendo riesgos relacionados con la crianza, la transmisión intergeneracional de la pobreza y la frustración en una mejora vital.
El informe identifica tres bloques de riesgos sociales que afectan con más fuerza a esa parte de la sociedad precarizada y vulnerable entre los excluidos. El primero se refiere a la vivienda, ya que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en inaccesible” para muchas familias, y supone una “influencia notable sobre los recursos económicos, la salud y el futuro de los jóvenes”.
El segundo bloque de riesgos se refiere al empleo. A pesar de la reducción del desempleo, su precariedad (temporalidad, parcialidad y cortos plazos de empleo y desempleo), genera trabajadores pobres y excluidos. Así, el 24% de las personas que trabajan están en exclusión social.
Por último, el tercer bloque de riesgos se refiere a la sanidad. Los canarios presentan una prevalencia mayor de problemas relacionados con la salud. El 12,8% de los hogares han dejado tratamientos o no compran medicinas.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas