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Trabajadores del Sur, obligados a construir infraviviendas para tener un techo

Profesionales empobrecidos que no pueden pagar los precios prohibitivos de alquiler no encuentran otra salida que la autoconstrucción en los márgenes de núcleos habitados de Arona
La carestía de los alquileres en la comarca sur está provocando la aparición de poblados en zonas del municipio de Arona.
La carestía de los alquileres en la comarca sur está provocando la aparición de poblados en zonas del municipio de Arona.

Dice Mustafá, ceutí de 56 años, que en Canarias, “si siembras, recoges”. Lo cuenta como si fuera un poeta sufí, amigable y profético, con su cigarrillo de liar en la mano, mientras camina con los pies encallecidos por las cholas a través de las callecitas polvorientas del Pueblo de las Chapas, una zona de infraviviendas cercana a la costa del municipio de Arona, sin luz eléctrica, agua corriente ni alcantarillado.

Según la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, no hay datos regionales actualizados sobre infravivienda. Lo último que se hizo es “de los tiempos del cólera”, en la época de la rehabilitación de El Confital, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el chabolismo se terminó de erradicar en 2004.

A Mustafá, que ahora está desempleado y cobra una ayuda, pero que antes estuvo trabajando en la cocina de varios hoteles y en la construcción del Syam Park, un día le pareció que no podía gastarse tanto en el alquiler del piso, así que compró un pequeño pedazo de suelo agrícola de 150 m2 en esta zona que le costó 3.500 euros. “Por 30.000 me construí mi casa”, cuenta orgulloso. “Antes vivía en El Fraile y me pedían 600 euros al mes más agua, luz y basura. Se me iba todo el dinero”. Según un informe de la Fundación BBVA, el precio del aquiler ha subido un 8,5% en Canarias desde 2007, año en que comenzó la crisis, a pesar del empobrecimiento generalizado que ha habido en esta década. En España, los hogares dedican de media el 40% de su renta disponible a pagar el alquiler de una vivienda a precio de mercado, frente al 27,1% de media de la Unión Europea.

“Evidentemente, esto no es un proceso nuevo”, afirma Álvaro Ardura, experto en urbanismo y profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. “Pero es curioso que se esté dando otra vez y que sea de nueva construcción”. Ardura recuerda los casos históricos de Tetuán o Vallecas, en Madrid, que tienen sus equivalentes en cientos de barrios de las periferias urbanas de Canarias, con construcciones informales hechas por las clases trabajadoras que se fueron legalizando con los años. “Fijaban sus ingresos construyéndose una casa, y no necesariamente eran de niveles sociales muy bajos ni marginales”, explica. “Pero hacía mucho tiempo que esa no era la salida tradicional para encontrar una vivienda”. Según Ardura, la falta de vivienda pública protegida, los altos precios de compra y los alquileres disparatados, sobre todo en lugares turísticos como Canarias, estimulan estas estrategias. “La vivienda es un bien de primera necesidad, si no hay posibilidades de acceso, la gente se busca las mañas”. Según datos del Gobierno canario, en los últimos diez años se han entregado solo 870 viviendas públicas de alquiler y 68 de reposición para gente que vivía en casas con graves daños estructurales, a pesar de que hay más de 15.000 solicitudes. Solo el 2% del parque total de viviendas de Canarias está dedicado a la vivienda protegida de alquiler. Está dentro de la media española, pero muy lejos de parámetros europeos, con el 7,5% de media. Países como Holanda alcanzan hasta el 32%. El nuevo Gobierno canario asegura que quiere “cambiar esta dinámica de manera radical”, y promete un 25% más de inversión para alcanzar los 17,4 millones de euros en 2020. Aseguran que están trabajando con los ayuntamientos “para obtener suelo público y poder empezar con la redacción de proyectos”.

Lejos de los datos, Cristina tiene que llenar a menudo una cuba enorme de agua en casa de su suegra. De luz tiene lo que produce un generador de gasolina, pero ya no quiere salir de ese pequeño pueblo con decenas de casas de madera, chapa, ladrillo y caravanas, donde todavía hay algunas zonas agrícolas, una especie de frontera difusa entre lo rural y lo urbano. “Aquí siento más paz y tranquilidad”, cuenta. Está construyéndose su casa y acaba de conseguir un trabajo en una jardinería, relata mientras acaricia a su perro. “Yo aquí estoy como en una pequeña finca”, cuenta con gracia John, colombiano arraigado en Canarias desde hace 18 años, donde trabaja para un negocio de compraventa de coches.

Pero, también se la están jugando. Por construir en suelo rústico, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural puede ponerles una multa de 6.000 a 150.000 euros. Aunque es el Ayuntamiento quien actúa primero, informando a la Agencia cuando recibe la denuncia de alguna construcción. Hacen falta cuatro años desde que acaba la obra para que el delito prescriba. “Es una cuestión de riesgo. Puede que pierdas o puede que ganes”, afirma John. En los últimos tres meses, según Cristina, los sentamientos han aumentado. Desde el Ayuntamiento reconocen que son “conscientes del problema”. “Una vez asentada la gente, poco se puede hacer. Hay que liberar suelo para que se pueda construir y que la gente no tenga que llegar a esos extremos”, afirman.

Arona está en plena redacción de un nuevo plan de ordenación urbana. El actual es de 1992, y se hizo con información recabada diez años antes, con una población muy diferente: si en 1981 había 17.739 habitantes, ahora hay 79.448, con un parque de vivienda pública en propiedad de unas 400 viviendas, el 0,82% del total. Aún hay una parcela, en la zona del Parque de la Reina, donde se podría construir más vivienda pública con el plan vigente.

El Pueblo de las Chapas ha sido posible gracias a un proceso de compraventa de solares rústicos que se inició hace ya varios años. En el año 2001, Daniel compró por la zona 600 m2 a la propietaria de una gran finca rústica, un 2,29% del total del terreno, a cambio de 4,5 millones de pesetas. “Es un contrato privado, cada uno tiene unos planos y sabemos dónde cae cada parcela”, explica. “El suelo rústico no se puede segregar en parcelas menores de 10.000 metros, y se han vendido 100.000 metros en pedazos de 300”, explican desde el Ayuntamiento. Lo que Daniel quería para plantar, porque le gusta la agricultura, otros lo han utilizado para construir su casa. “Las administraciones miran para otro lado, pero luego vienen las sanciones y las reprimendas”, afirma Daniel. “Al pobre lo ponen a reventar el terreno, y luego ya otros se benfecian”.

Muy cerca de donde viven Mustafá y Cristina, Michael vende su parcela de 582m2, que compró hace 20 años siguiendo el mismo sistema de compraventa privada. Ahora lo ofrece por 32.000 euros. “Es un espacio perfecto para hacer dos casas”, explica. “Si no se dan permisos para construir, la gente va a hacer este tipo de cosas. No van a vivir en la calle”. Los precios están subiendo mucho, según asegura John desde el rellano de su agradable casa. “Lo que hace tres años costaba 4.000 euros, hace un año ya valía 10.000 y ahora está a 17.000”.

En la misma zona, pero separados por una finca de plátanos, hay otra explanada con más viviendas. Tienen un aspecto menos popular, más sofisticadas. Un señor que habla francés arregla el tejado de su casa. “Yo soy el propietario”, dice con una sonrisa. “¿Podemos hablar un momento?”. “No, pregúntale a un señor que hay por allá y te puede dar la información”. Otro francófono se escabulle rápidamente y dice que no vive ahí, aunque saca la llave del candado de su puerta. El lugar parece un pueblo silencioso en medio de un erial, pequeñas casas vacacionales a precios baratos. “En estas construcciones, hay todo tipo de perfiles, desde la gente humilde que quiere tener una casita al listillo que quiere hacerse un chalet”, reconocen desde el Ayuntamiento”. Pero en los lugares fronterizos donde la vida brota desordenada, nada se distingue bien. Y los menesterosos casi siempre pierden más.

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