
Las personas que solicitaron acogerse a la atención prevista en la Ley de Dependencia deben esperar una media de 785 días (dos años, un mes y 25 días) en Canarias, casi el doble de la media nacional (426 días) y el cuádruple de lo que estipula la norma, que fija un plazo máximo de seis meses. Así se desprende del Sistema de Información del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad), publicado por el Imserso y difundido por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En Canarias, hay 14.954 solicitantes de ayudas de dependencia pendientes de valorar por las administraciones y 23.967 expedientes en trámite, según revela una estadística que incorpora por primera vez ese tiempo de tramitación de los expedientes. Y no solo es la comunidad donde más se espera para recibir este tipo de atención, sino también la segunda con mayor porcentaje de dependientes con derechos reconocidos que aún aguardan a ser atendidos, el 28 % del total.
El Imserso alerta de que además de Canarias, otras tres comunidades superan los 18 meses: Extremadura (675 días), Andalucía (621 días) y Cataluña (576 días). Y solo las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); País Vasco (137), Navarra (155) y Castilla y León (191) cumplen esos plazos. En el conjunto de España, los solicitantes tardan un promedio de 426 días en recibir respuesta de la administración y siguen aumentando las listas de espera hasta las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de ellas son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).
Los datos muestran que, por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención aumentó y que el número de fallecimientos de personas sin haber recibido las prestaciones es de 85 al día (se estima que unas 31.000 personas murieron en 2019 sin recibir esa atención). Hay que tener en cuenta que el 54% de los solicitantes tiene 80 años.
Otro apartado ofrece datos sobre las intensidades de las prestaciones y servicios. Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros (que perciben actualmente 425.000 personas). En concreto, para el Grado I (moderada) el promedio es de 140 euros al mes, 245 para el Grado II (severa) y 340 para Grado III (gran dependencia).

Miguel Montero: “En Canarias, el sistema no funciona”
El director general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, reconoció a DIARIO DE AVISOS que “a día de hoy el sistema de dependencia no funciona, y no se puede andar con paños calientes”. No funciona porque, pese que la Ley es de 2006, no se empezó a aplicar en las Islas hasta 2015 (con el PSOE) y luego posteriormente, bajo la responsabilidad de Coalición Canaria en esta área del Gobierno de Canarias se volvió a parar”.
Miguel Montero asumió que será difícil revertir la situación a corto plazo. “Es muy difícil de arreglar en un año o en dos, hace falta que todas las administraciones de las Islas en conjunto se comprometan a avanzar en garantizar estos derechos y cumplir lo que marca la ley”.
Entre las primeras medidas que ha adoptado desde que asumió esta área, Miguel Montero recordó que está en trámite la implantación de “un sistema informático común a todas administraciones”, ya que Canarias es la única comunidad que no lo tiene. Esta aplicación compatible con el Sistema Sisaad permitirá el acceso a los Cabildos y los Ayuntamientos, así como la consulta de los usuarios. “Se licitará en 2020 y esa información estará disponible en toda la red. Nuestra intención es que todas las personas puedan consultar cómo está su expediente, y paliar esa angustia que se genera al no saber cuando la van a llamar”.
Más Infraestructuras
Además recordó el “incremento de 9 millones de euros el próximo Presupuesto regional, además de otras partidas que hemos logrado para accesibilidad universal”, la inmediata contratación de personal “sobre todo valoradoras y también administrativas y auxiliares”, así como abrir las listas de sustitución, “es urgente las de valoradoras, ya que llevan 11 años sin hacerse”.
También recordó el esfuerzo de los Cabildos en el Plan de Infraestructuras sociosanitarias” 2017-2021, “necesarias y que no existían en Canarias, no solo en residencias, sino en centros de día y todo tipo de recursos”, finalizó.