El Gobierno de Canarias ejerce la tutela judicial de 280 adultos y calcula que en un plazo de dos años podría alcanzarse la cifra de 700, por lo que es imprescindible reforzar los medios y la colaboración con cabildos, ayuntamientos y fundaciones, según la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez Soliño.
El número de personas tuteladas, bien sea porque están solas y sufren alguna discapacidad o problema mental o porque las familias no pueden hacerse cargo, crece año a año y el problema para la administración autonómica es que no puede anticipar cuántos van a seguir llegando, admitió la consejera en una comparecencia en comisión parlamentaria.
Los tutelados por la Comunidad Autónoma son 280, pero además el Cabildo de Tenerife tutela a otras 380 personas, el de Gran Canaria a 270, el de La Palma a 32 y el de Fuerteventura a una.
En total son 963 personas tuteladas por las administraciones públicas, y hay también tres fundaciones privadas que ejercen tutelas (dos en la provincia de Las Palmas y una en la de Santa Cruz de Tenerife) de las que el Gobierno de Canarias carece de datos.
En el caso de la Comunidad Autónoma, las tutelas se realizan a través de la fundación pública conocida como Sagrada Familia, oficialmente renombrada como Fundación Tutelar para la Acción Social en Canarias.
La fundación, cuyo presupuesto ha aumentado este año hasta los 4,2 millones de euros desde los 3,9 millones de 2019, fue creada en 1995 para promocionar el bienestar de las personas adultas que presenten necesidades sociales y con capacidad judicialmente modificada.
Cuenta con 44 personas en plantilla, pero esta se va a revisar porque son necesarios más personal y mejores medios.
La viceconsejera anunció en la comisión que próximamente se va a aprobar el decreto de creación del Consejo Tutelar de Canarias, previsto en la Ley de Servicios Sociales.
En ese consejo tutelar participarán el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, la fiscalía, las fundaciones y la administración de justicia.
Explicó además que se han mantenido reuniones con la fiscalía para mejorar la cooperación y que las tutelas sean más rápidas y efectivas y comentó que hay un debate en marcha para reformar el código civil y mejorar el sistema de tutela.
La fundación publica Sagrada Familia se ocupa en el área jurídica de cuestiones como la defensa judicial de los tutelados y de tramitar autorizaciones judiciales si hay que ingresarlos en un centro.
Martínez Soliño reconoció que hay muy pocos recursos para los tutelados y su departamento esta enfocándose en la apertura de pisos para tutelados, algunos de ellos con problemas mentales o drogodependencias.
La fundación se ocupa además de la gestión del patrimonio y del acompañamiento de los tutelados, de gestionarles ayudas a domicilio o trámites de dependencia o discapacidad.
De los 280 tutelados, unos 200 tienen más de 50 años y 157 viven en centros.
Hasta 2014, los cabildos se ocupaban de las tutelas y aún conservan las anteriores a esa fecha, pero desde entonces corresponden a la Comunidad Autónoma.
La viceconsejera admitió que hay que reforzar la coordinación con los cabildos e intensificar la colaboración con las fundaciones privadas, así como su financiación, porque su labor es fundamental y la administración “no llega”.
La diputada de CC-PNC Cristina Valido, que había pedido la comparecencia de la viceconsejera, dijo que es necesario contar con “una red perfectamente dimensionada”, para lo cual es necesario colaborar y financiar a cabildos y ayuntamientos, que son los que más llegan al territorio y los que en mejores condiciones pueden atender a los tutelados.
También reclamó Valido la concertación de los servicios con las fundaciones privadas, cuyo trabajo es “magnífico” e imprescindible, por las limitaciones de la administración pública.
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