La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, mostró ayer su preocupación porque 28 bebés recién nacidos “fueron entregados” en agosto tras renunciar sus madres en situación de vulnerabilidad a su guarda y custodia, una cifra que “nunca se había dado”. Tres familias renunciaron a patria potestad, y el resto fueron entregados en guarda por protección.
En la Comisión de estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento, Rodríguez señaló que su departamento “estudia las circunstancias” de este incremento “singular” que ha llamado muchísimo la atención, si bien ninguno tuvo que ingresar en un recurso de acogimiento residencial, ya que se pudo recurrir al banco de familias de acogida para todos los bebés.
El Ejecutivo analiza las circunstancias que existen detrás de estos casos para determinar qué actuaciones preventivas pueden reforzarse. Indicó que algunas de las madres “proceden del propio sistema de protección”, y otras presentaban “problemas de salud mental”, una circunstancia que “llevará a revisar las actuaciones que se han realizado hasta ahora y qué deben corregirse para evitar que continúen produciéndose”.
La directora explicó que Canarias ha conseguido disponer de “un banco de familias de urgencia” para atender este tipo de situaciones y se ha recuperado el control del banco de familias de acogida en familia ajena, tras haber puesto en marcha “varias campañas de captación en medios de comunicación y en redes sociales, o una campaña a través de la Asociación Copile Canarias”. Destacó que se trabaja no solo en captar familias, sino también en “darles formación, acompañamiento y apoyo económico”.
El objetivo es que ningún recién nacido tenga que pasar por un centro residencial. Las excepciones se producen cuando una familia necesita un periodo de adaptación de aproximadamente una semana -y no más de 15 días- o cuando el traslado se complica porque la familia acogedora se encuentra en otra Isla, “porque la insularidad o la doble insularidad repercute”.
Rodríguez señaló que el refuerzo del acogimiento familiar es una de las líneas prioritarias. Canarias cuenta con 1.761 menores en situación de desamparo, de los que 995 están en acogimiento familiar, el 56,5% del total, y el objetivo es elevarlo hasta el 70%, aunque la medida de protección debe decidirse “atendiendo al interés superior de cada menor y su situación individual, no es un derecho de la familia, de quien quiere ser madre o padre”, además de ser “la última de las medidas del sistema de protección”, al priorizarse el trabajo con la familia de origen del menor. En los últimos dos años, 189 menores habrían retornado con su familia. Explicó que 39.230 menores recibieron atención por situaciones de riesgo en Canarias en 2025, de los que 10.500 fueron atendidos por el sistema de protección.
Defendió que la pobreza infantil “está directamente relacionada con la vulnerabilidad de los hogares” y reclamó un “abordaje transversal que implique políticas de empleo, vivienda, educación, sanidad y renta”, además de las actuaciones específicas de protección a la infancia. Avanzó que la Dirección General trabaja en alternativas jurídicas que permitan aportar una inversión plurianual a los ayuntamientos para sus equipos de atención a la infancia y las familias. En cuanto a la transición a la vida adulta, anunció la puesta en marcha de 200 nuevas plazas para atender a los jóvenes.
Salud Mental
La directora general abogó por crear una red de “recursos especializados y distintos” para los niños y niñas con problemas de salud mental, adicciones y patología dual, ante el impacto que están teniendo en el sistema de protección, y advirtió de las dificultades de muchas familias que están renunciando a su guarda “al no ser capaces de dar respuesta” a este tipo de situaciones, no contar con suficientes apoyos y recursos para atenderlos. “Hay familias que no pueden más”, y una plaza privada de salud mental en la Península puede alcanzar los 6.000 euros mensuales, que está asumiendo.
Defendió la ampliación de competencias en su departamento “para mejorar en el abordaje social” y la necesidad de contar con más recursos humanos para mejorar la prevención en la desprotección a la infancia.
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