Cholas, calzoncillos, camisetas, línea telefónica, conexión a Internet, un abogado para recibir asesoramiento jurídico. Son elementos que, quien no conozca lo que ocurre en algunos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como el ubicado en la zona de Barranco Seco, en Las Palmas, puede dar por hecho que se poseen. Pero no. Y ha sido el juez de control de los recintos en la provincia de Las Palmas, Arcadio Díaz Tejera, quien ha puesto de manifiesto las carencias que tienen las personas que, por otra parte, no han cometido ningún delito. Solo “están llenas de esperanza”, como el propio magistrado declaró ayer a DIARIO DE AVISOS.
Díaz asegura que visita el centro con frecuencia. De vez en cuando lo hace con previo aviso, contando, pues, con un intérprete oficial; otras, sin embargo, llega de improviso, valiéndose de uno de los inmigrantes como traductor. Siempre hace lo mismo. Entra al patio, toma asiento como uno más, y, café en mano, intenta que “vean al juez como una figura cercana y de confianza”, explica. Se impregna de sus experiencias, les escucha, quiere saber cómo es su día a día allí, tarea para la cual, en ocasiones, ha hablado con ellos a solas, a fin de que no estuvieran influidos por la Policía.
Sin embargo, pese a las creencias y la rumorología que pueda haber sobre el trato que estos internos reciben de las autoridades, el magistrado recalca que “es exquisito” y, de hecho, los agentes “ni siquiera les elevan la voz”. Los problemas argüidos en torno al CIE estarían basados, más bien, en la vulneración de otro tipo de derechos, como el de deambular: “No pueden salir”. Asimismo, señala que “el derecho de la comunicación no lo tienen limitado, pero, en la práctica, no se pueden comunicar con sus familias porque no hay router”. Es más, las veces que han podido acceder a la red han sido gracias al dispositivo de un párroco. Por otro lado, explica que “hemos peleado para que se reponga la línea de teléfono”.
El derecho a la tutela judicial efectiva también sería otra de las carencias detalladas en el auto judicial de Díaz Tejera. “El reglamento del CIE prevé que el propio centro les tiene que proporcionar asistencia social, jurídica y cultural”, afirma. Aunque la realidad es que los dos trabajadores sociales de Cruz Roja prestan servicios a los inmigrantes, pero Interior no ha permitido que la misma entidad les asesore en materia judicial. Al parecer, un técnico del Ministerio entiende que el convenio suscrito con la organización solo permite dar asistencia social.
También, dentro de la impotencia que se respira en el ambiente, aparte de un importante hedor derivado de que los internos tienen unos únicos calzoncillos para sus 60 días de estancia, está el hecho de que muchos de ellos quieren aprender castellano. “Cuando les pregunto, todos me levantan la mano”, indica el juez. Pero, mientras “en la prisión del Salto del Negro hay 140 voluntarios que hacen de monitores culturales, deportivos, recreativos, formativos y de esparcimiento”, en el CIE de Barranco Seco nadie les imparte clases de nada. Una situación que ha sido comparada por el magistrado con las “cárceles de la dictadura”, dado que, incluso la estructura del edificio lo continúa siendo, en contra de la normativa de aplicación.
En cuanto a soluciones, Díaz añade que ya ha trasladado a la dirección del centro la necesidad de contar con mobiliario seguro en los tres comedores que permanecen cerrados -obligando a hacer cuatro turnos tres veces al día para las comidas-, o las filtraciones de agua que han causado desprendimientos en los techos de los baños, poniendo en riesgo la integridad de los inmigrantes. Unas deficiencias que no fueron subsanadas con las acciones emprendidas sobre el edificio, por valor de un millón y medio de euros. Y al ser preguntado por estas tareas, Arcadio Díaz destaca que desconoce cuáles han sido esas mejoras, porque “los barrotes siguen siendo negros y sigue pareciendo una cárcel”.
Ante la falta de ayudas, el magistrado decidió tomar la iniciativa y realizar algunos gestos con los que mitigar el mal trago de los internos, como, por ejemplo, recoger alguna ropa (limpia) donada por sus compañeros del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, y llevarla al centro. “Todos visten de rojo o de color calabaza, que son las camisetas que les dan en el primer kit de Cruz Roja; cuando no los ves con esa ropa, sino con vaqueros normales como cualquier otro chico de 20 años, la cosa es distinta”, asevera.
Con la mirada puesta en el futuro, el juez augura la resolución de algunas carencias en un breve espacio de tiempo, pero no por la incidencia de las instituciones: “En pocos días estarán los calzoncillos, las camisetas y los 200 pares de cholas. He hablado con distintas ONG, y lo que la administración pública no pone, lo pondrá la sociedad canaria a través de ellos. Será una lección de moral”.
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