El proceso de desescalada en Canarias será “singular”, pero el Ejecutivo regional no lo aplicará por su cuenta, sino de forma coordinada con el Gobierno central y las demás comunidades autónomas. El portavoz y consejero de Sanidad en funciones, Julio Pérez, informó ayer de que el presidente Ángel Víctor Torres presentará esas medidas hoy a los representantes de los grupos parlamentarios, cabildos y ayuntamientos, y el domingo a Pedro Sánchez en la reunión con los demás mandatarios autonómicos.
“La propuesta está prácticamente terminada” y fue expuesta ante el Consejo de Gobierno por el portavoz del grupo de expertos, Lluis Serra. No obstante, Pérez eludió los detalles: “No debo adelantar nada, porque el Gobierno tiene que estudiarla y asumirla. Ahora, hay que hacerla viable y eso es más complicado, porque las exigencias organizativas y de control son mucho mayores que en el confinamiento”. Sí deslizó que las acciones se desarrollarán en varias fases sucesivas: “Para pasar de una a otra habrá que ir superando los requisitos sanitarios. Si las cosas van bien y no hay retroceso, se pasará de una fase a la siguiente”. El consejero fue muy cuidadoso en su exposición para no dar la sensación de que Canarias emprende su propio camino: “Es el Gobierno de la nación el que puede ordenar su puesta en marcha cuando arranque el motor del desconfinamiento”.
Pérez reveló que ha tenido “contactos” y que, en principio, la respuesta a las medidas adaptadas que quiere implementar Canarias ha sido “razonable”, dadas sus “condiciones ventajosas”. Consciente del riesgo que entraña lanzar las campanas al vuelo, alertó: “Será crucial la capacidad de disciplina de la sociedad, como se ha demostrado hasta la fecha en términos generales, salvo algunas anécdotas, para avanzar. Nos jugamos la conservación del patrimonio de salud que hemos construido entre todos en el último mes con enorme sacrificio”. No pongamos en peligro y hay que mantener la disciplina”.
En relación a la “tendencia esperanzadora”, destacó que se han realizado hasta 2.800 pruebas de PCR diarias. Y, en el aspecto económico, contó que la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, les trasladó los planes de recuperación para afrontar el impacto del sector en el Archipiélago y con el objetivo de salir de esta crisis “fortalecidos y como un destino seguro” en lo sanitario, para promocionarlo como un “atractivo específico”. Se busca que la industria turística “no esté cerrada más allá del tiempo imprescindible”, aunque no señaló una fecha al inicio de la reapertura de los negocios de la hostelería: “Hay que hablarlo”.
Tipo 0 del IGIG para los productos sanitarios
A iniciativa de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, el Consejo aprobó un decreto ley por el que se fija el tipo 0 en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a la importación y entrega de bienes sanitarios para combatir los efectos de la Covid-19. La norma replica en las Islas la medida adoptada el martes por el Consejo de Ministros en relación al IVA y estará vigente hasta el 31 de julio.
En realidad, el decreto ley oficializa lo que se venía aplicando desde el inicio de la crisis gracias al acuerdo entre las agencias tributarias nacional y autonómica y en virtud del artículo 10.11 de la Ley 20/1991 del REF, que lo permite para ser “destinado a las víctimas de catástrofes producidas en Canarias”. El tipo 0 del IGIC está condicionado a que el importador o adquirente sea una entidad de derecho público, una clínica o centro hospitalario, o una entidad o establecimiento privado de carácter social. También incluye las importaciones cuyos sujetos pasivos sean personas o entidades distintas de las anteriores, cuando los bienes estén destinados a ser objeto de entrega, por existir un compromiso de adquisición previa, a entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios, o a entidades o establecimientos privados de carácter social. En el texto se enumeran 41 bienes, como respiradores, monitores, mascarillas, prendas de protección, kits de pruebas para la Covid-19 y medicinas. La memoria del decreto ley recoge que el efecto en los ingresos de la comunidad autónoma alcanza los 7,6 millones de euros. No obstante, supondrá un menor gasto público, habida cuenta de que las compras realizadas por la Administración autonómica tributarán al 0, en lugar del tipo reducido del 3%, y del general, del 7%.
Mascarillas
En la comparecencia ante los medios de comunicación, Julio Pérez esgrimió que los problemas de escasez de mascarillas para el uso de la población se han ido resolviendo y que la intención es que, cuando su uso sea generalizado, pueda haber “para todos” a través de las farmacias. Esta semana, relató, “las farmacias han estado mejor atendidas y nuestra idea es que en el momento en el que las mascarillas puedan ser de uso generalizado, que en algún momento lo serán, el mercado con sus propios medios tendrá mascarillas para todos”. Admitió que se han detectado varios lotes de mascarillas defectuosas, una “mínima” cantidad que no ha producido “daños”.
Actualmente, la Administración regional dispone de unos seis millones de mascarillas depositadas en almacenes y en las gerencias de los hospitales y de atención primaria. De ellas, tres partidas han resultado “problemáticas”: una procedía del Ministerio de Sanidad, con unas 25.000 unidades que luego se retiraron, de las que se llegó a utilizar un 15%. “No compramos a ciegas”, puntualizó.
El PP ha pedido al Gobierno canario que dedique un fondo a la compra de mascarillas y que los ciudadanos no paguen el 100% de su valor, tal y como ocurre con la dispensación de medicamentos. Esta sugerencia va en la línea expresada por los colegios de farmacéuticos, con el propósito de corregir la “desorganización”. Desde esa perspectiva, la mascarilla “debe ser tratada como un género esencial para su uso en lugares públicos o de trabajo, cerrados mientras dure la pandemia o lo estipulen las autoridades sanitarias”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas