DANIEL TOVAR / AGENCIAS
El Gobierno de España alcanzó a última hora de ayer un acuerdo con los agentes sociales para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Una negociación a la que acudieron la CEOE y los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras, quienes deberán ratificar en sus respectivos órganos directivos las condiciones fijadas, en sendas reuniones programadas para hoy.
De este modo, se pone de manifiesto que la versión dada a conocer por la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas en su último discurso, donde afirmaba que logró arrancar, en la noche previa a la votación de una nueva prórroga del estado de alarma, el compromiso a la Administración estatal de prorrogar los ERTE a la actividad turística, carece de sentido lógico. Uno de los principales aspectos que hacen dudar sobre la veracidad de su axioma es que el voto de su formación no era necesario para sacar adelante la extensión del periodo excepcional, tal y como reconoció la propia política nacionalista, dado que el presidente Pedro Sánchez había suscrito un acuerdo con Ciudadanos que ya le otorgaba la mayoría necesaria para dar luz verde al plan.
La segunda es la presunta llamada del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a altas horas de la noche, en la que, según la versión difundida a los cuatro vientos por CC, el titular de la cartera estatal concedía a la comunidad autónoma una dilatación en la vigencia del mecanismo de regulación laboral; conversación de la que el PSOE no ha hecho mención alguna, ni siquiera en el transcurso de la sesión.
Y finalmente, el encuentro anteriormente planificado para abordar esta cuestión entre el Gobierno central y los agentes sociales, que poco o nada tiene que ver con Oramas. Una reunión cuyo preacuerdo, en caso de recibir el visto bueno de los órganos de dirección de las organizaciones empresariales y sindicales, no es descartable que sea aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este mediodía.
Gobierno y agentes sociales han alcanzado este principio de acuerdo tras una reunión maratoniana, que empezó pasado el mediodía y que obligó a suspender el encuentro que sindicatos y empresarios tenían previsto mantener a las 20.00 horas de ayer jueves para seguir hablando de la desescalada.
El objetivo de esta negociación sobre los ERTE era conseguir que, tras el estado de alarma, aquellos sectores que necesiten mantener los ERTE puedan hacerlo para salvaguardar el empleo y evitar cierres empresariales y que aquellos que se vayan recuperando puedan reincorporar a trabajadores incluidos en estos procedimientos de manera progresiva.
La regulación que estableció el Gobierno con la crisis sanitaria facilitaba la presentación de ERTE por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. La Seguridad Social informó el pasado martes de que 3,38 millones de ocupados estaban incluidos en ERTE.
Además, esta regulación que se dio a los ERTE por fuerza mayor derivados del Covid-19 establece una serie de beneficios: exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 100 trabajadores.
Los trabajadores afectados por ERTE perciben una prestación por desempleo aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo. Estas medidas extraordinarias están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.