La censura de CC y PP será posible gracias al transfuguismo tras expulsar Ciudadanos a Evelyn Alonso

T. F / EP

Sin titubeos ni demoras. La dirección estatal de Ciudadanos (Cs) acordó ayer la expulsión de la concejala santacrucera Evelyn Alonso por firmar una moción de censura junto a Coalición Canaria y Partido Popular contra la alcaldesa capitalina, la socialista Patricia Hernández, en contra de las instrucciones dadas por la formación naranja. Así lo anunció, tras la reunión del Comité Ejecutivo, la portavoz de Cs, la tinerfeña Melisa Rodríguez, quien recordó que, una vez se confirmó la firma ante notario de la moción de censura, ya comunicaron que Cs aboga por que, en un momento “tan crítico y de crisis sanitaria y económica” como la actual, la estabilidad institucional “tenía que ser la tónica” y dejaban claro cuál era la propuesta y la posición del partido al respecto.

Rodríguez indicó, además, que llevaban tiempo intentando comunicarse con Evelyn Alonso a través de burofaxes, sms y llamadas de distintas personas sin recibir respuesta. Por eso, en virtud de los actuales estatutos, han procedido a su expulsión, “no solo por saltarse la dirección de lo que se había recomendado votar, sino también por haber dicho públicamente que iba a hacer caso a lo que dijese el partido y ha hecho todo lo contrario”. Melisa Rodríguez hizo hincapié en que, por el bien de los santacruceros, la estabilidad política “tiene que ser una tónica en un momento de gravedad”, y aprovechó para denunciar a Coalición Canaria y Partido Popular, que “se hacen valer del transfuguismo y de concejales que deciden negociar por detrás mociones de censura de este tipo, saltándose las directrices de sus partidos”.

Lo cierto es que esta expulsión pone en un brete a CC y PP al menos en cuanto a su discurso, por cuanto hace apenas un año que criticaban con especial virulencia a la otra concejala santacrucera de Cs, Matilde Zambudio, a la que tachaban de tránsfuga, y afeaban al PSOE que se hiciera con la Alcaldía gracias a su voto.

Ley polémica

El hecho de que Alonso pase a ser tránsfuga tiene sus consecuencias por una ley autonómica canaria que impide a este tipo de ediles cobrar remuneración alguna u ocupar tareas de gobierno, si bien dicha norma, aunque está vigente, tiene serios visos de ser inconstitucional, como se ha visto en algún caso concreto, como el de los concejales de Tacoronte expulsados por el PSOE en su día.