Política

La censura en Santa Cruz agranda la fractura estatal entre PP y Ciudadanos

El tajante rechazo de la dirección estatal de la formación naranja al pacto de los populares con CC, fraguado en plena pandemia, aviva las diferencias ya existentes en el Gobierno de la Comunidad de Madrid; este acuerdo entre las fuerzas conservadoras isleñas puede traducirse en más mociones

El número dos del PP, Teodoro García Egea, y el senador de CC, Fernando Clavijo, son los muñidores de este pacto entre ambos partidos. Agencias
El número dos del PP, Teodoro García Egea, y el senador de CC, Fernando Clavijo, son los muñidores de este pacto entre ambos partidos. Agencias

El Partido Popular (PP) ha abierto en Canarias una crisis en su relación con Ciudadanos (Cs) al apoyar una moción de censura, presentada ayer ante el Registro Municipal, que deja a la formación naranja fuera del grupo de Gobierno de toda una capital de provincia como es Santa Cruz de Tenerife y que da alas a quienes, desde el partido de Inés Arrimadas, no ven con malos ojos hacer lo propio en la Comunidad de Madrid.

Si ya el vicesecretario primero de Cs, Carlos Cuadrado, hablaba de una “agresión política” hace una semana, la portavoz de la formación naranja a nivel estatal, la tinerfeña Melisa Rodríguez, cargó ayer con dureza y denunció a Coalición Canaria y Partido Popular por que “se hacen valer del transfuguismo y de concejales que deciden negociar por detrás mociones de censura de este tipo, saltándose las directrices de sus partidos”.

Aunque el PP sale bien parado en el reparto de áreas (sobre todo desde la perspectiva presupuestaria), dicha moción favorece a corto plazo a Coalición Canaria (CC) por cuanto recupera una Alcaldía cargada de simbolismo para los coalicioneros, pero no tanto con cierta perspectiva, dado que CC abunda en su giro conservador y ofrecen una imagen cada vez más cercana a convertirse en una marca blanca de los populares en las Islas. La moción de Santa Cruz puede tener consecuencias municipales: CC ganaría una Alcaldía en Tenerife a cambio de perder probablemente otra, de las importantes, en Gran Canaria: Telde. En este último municipio, los socialistas podrían apoyarse en NC para desbancar al partido de Clavijo.

Fue el pasado viernes cuando tomó posesión del cargo como concejala Evelyn Alonso en sustitución de su compañero de filas, Juan Ramón Lazcano, dimitido sorpresivamente hace unas semanas, que dejó su vacante a tal efecto. A la edil le bastaron unas horas para, esa misma tarde, acudir a una notaría de Santa Cruz de Tenerife y comprometerse por escrito a presentar una moción de censura junto a CC y PP. La principal perjudicada es la socialista Patricia Hernández, quien hace apenas un año cerró un acuerdo histórico con dos concejales de Cs, Matilde Zambudio y el citado Lazcano, con tres consecuencias.

La primera es que nunca Santa Cruz de Tenerife había tenido una alcaldesa, y la segunda es que el PSOE lograba así levantar el bastón de mando en la única capital tinerfeña donde nunca lo había logrado, ni en esta ni en otras etapas democráticas.

Pero es la tercera consecuencia la que explica mejor por qué esta moción de censura se percibe entre no pocos vecinos como un escándalo mayúsculo y un paso atrás para la capital. El pacto de PSOE y Cs se encuadraba en una oleada de cambios políticos por toda Canarias que la ciudadanía apoyó notablemente en las elecciones de hace un año, y que dejaron a los coalicioneros fuera del poder, no solo en Santa Cruz de Tenerife, sino también en La Laguna, en el Cabildo de Tenerife y hasta en el mismísimo Gobierno autonómico, otros tres bastiones de los coalicioneros desde hace, al menos, más de cinco lustros. Solo teniendo en cuenta ese espíritu de cambio político que animó a la ciudadanía hace un año en las Islas se comprende que un partido como Podemos, en las antípodas de Cs, apoye externamente el pacto de los naranjas con el PSOE, tanto en la capital tinerfeña como en el Cabildo insular.

Esta maniobra política, urdida entre el número dos del PP estatal, Teodoro García Egea, y el líder de CC, el senador Fernando Clavijo, solo es comprensible desde la perspectiva del PP en su afán de que los coalicioneros acaben sumándose a proyectos como España Suma, y se alimenta con la posibilidad de que hayan más mociones de PP y CC en plazas como Güímar o Arrecife.

Eso sí, se desconoce si en el cálculo de García Egea se tiene en cuenta Madrid. Hace poco más de una semana que el líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, reconocía que la aproximación del PSOE con Cs para una moción de censura que desaloje a Isabel Díaz Ayuso de la Presidencia autonómica era tal que ya habían expuesto dicha posibilidad en Ferraz, al objeto de que Pedro Sánchez explorase tal opción con Inés Arrimadas, a quien su retorno a posiciones más centristas ha beneficiado a Ciudadanos tanto en las encuestas como entre su militancia. Y esas son palabras mayores.

Una censura inevitablemente ligada al levantamiento de alfombras

“La censura llega para frenar el levantamiento de alfombras”, denuncia el concejal de IUC y líder de Unidas Podemos en la capital tinerfeña, Ramón Trujillo, y razón no le falta si se repara en el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción provincial ha abierto diligencias preprocesales por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación del artista dominicano Juan Luis Guerra con vistas al Carnaval santacrucero de 2019.

Se trata de un expediente plagado de supuestas irregularidades (se pagó la mitad de lo acordado, unos 250.000 euros, sin presentar unas facturas que siguen sin aparecer, por citar una de ellas) que guarda similitudes con el de otro expediente para la contratación de actuaciones carnavaleras, en este caso con vistas a la edición de 2018, en el que se anunció al colombiano Sebastián Yatra, que finalmente no vino a Tenerife, pero se abonó igualmente sin que se reflejara en la documentación municipal. A estos dos casos se suma otro, el del geriátrico de Ifara, edificado tras concederse las licencias municipales en la etapa de 2003 a 2006 (con la popular Luz Reverón al frente del Urbanismo santacrucero) y que la Justicia declaró nulas posteriormente. Ahora, la empresa en cuestión reclama 19 millones de euros al Consistorio santacrucero por distintos conceptos.

Lo peor es que la relación de casos turbios no termina aquí, sino que aumentará en breve.