Santa Cruz

“A partir de enero los santacruceros podrán pagar sus impuestos en 10 meses, cuatro, o de una sola vez”

Juan José Martínez, concejal de Hacienda de Santa Cruz, avanza que se facilitará el pago de los tributos municipales a los vecinos así como el aplazamiento de deudas

Juan José Martínez es el concejal de Hacienda de Santa Cruz. / Tony Cuadrado

Tras cuatro años al frente de los números del Ayuntamiento de Santa Cruz, y un año en la oposición, Juan José Martínez (CC) retorna al frente de la Concejalía de Hacienda, desde donde tendrá que capear la crisis económica que se cierne sobre Santa Cruz provocada por la Covid-19, igual que lo hace en el resto del mundo. De momento ya ha avanzado que la inversión se reducirá el 50% en 2021, pero, insiste en que “en la práctica no tendrá mucho efecto puesto que se asemeja a la ejecución real del presupuesto de inversión en las distintas áreas”. Aún así, calcula que serán unos 20 millones menos que el presupuesto actual, que está en torno a los 278 millones. Asegura que en ninguno de los escenarios que maneja el Ayuntamiento la subida de impuestos es una opción, y, en cambio, facilitar los pagos de tributos será una prioridad. “A partir de enero pondremos en marcha la carta de pago personalizada para que los vecinos pueda elegir cómo pagar los impuestos”. El área de Vivienda, de la que también es responsable, la coloca en el centro de la recuperación. “La construcción y rehabilitación de vivienda es un punto fundamental para tirar de la economía y esa va a ser una de nuestras prioridades”.
-¿Cómo se ha encontrado el área de Hacienda después de un año fuera de ella?
“Hay que hablar de que este último año se ha caracterizado por la inercia de lo iniciado en el anterior mandato. Se ha mantenido constante la política fiscal, sin variaciones en este periodo, y tampoco las ha habido en las principales líneas que inspiraban las políticas en materia haciendística. Sí que hay otras cuestiones que hubiéramos enfocado de otra forma y estamos trabajando en ello”.

-¿Cómo cuáles?

“Uno de los grandes retos que estamos asumiendo ya, es la de acelerar el proceso de digitalización, de informatización de toda la gestión tributaria, que habíamos iniciado en el mandato pasado, y nos gustaría culminar lo antes posible, como por ejemplo la modificación de la Ordenanza General Fiscal para adaptarnos, por un lado a la situación de crisis que tenemos, y por otro para favorecer también a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones”.

-¿Y eso en qué se traslada para el vecino?
“Tiene que ver con la puesta en marcha a partir de enero de los planes personalizados de pago, mediente los cuales los ciudadanos podrán hacer frente a sus obligaciones con el ayuntamiento en 10 mensualidades, o bien en cuatro pagos (uno por trimestre), o seguir como hasta ahora, con el abono único en el momento que se abre el periodo de recaudación voluntaria. También va a facilitar los fraccionamientos y aplazamientos de pagos, entre otras cosas eliminando la necesidad de aval bancario para aquellas deudas inferiores a 20.000 euros, hasta ahora ese límite estaba en 12.000. La idea es que podamos llevar la modificación de la Ordenanza Fiscal al Pleno de septiembre. Además, hemos tenido que cambiar por completo el enfoque, motivado por la situación de crisis, con una reducción de ingresos prevista muy acuciada, lo que nos obliga a todas las áreas del ayuntamiento a ser más eficientes en la prestación de los servicios que tenemos, a ajustarnos más a la ejecución real del presupuesto de distintas áreas, y buscar fórmulas que nos permitan incrementar los ingresos”.

-¿Subir impuestos es una de esas formas de incrementar los ingresos?
“No. Es una línea roja que no vamos a cruzar. No contemplamos ningún escenario, a pesar de la crudeza e impacto de la actual crisis, donde Santa Cruz vaya a elevar la presión fiscal, entre otras cosas porque entendemos que, de cara a la reactivación económica, es muy importante que Santa Cruz mantenga esa condición de ser la capital de provincia con la presión fiscal más baja del país”.

-¿Y cómo van a conseguir más ingresos?
“A través de fórmulas alternativas. Una de ellas ya la anunció el alcalde, y es que vamos a plantear en el seno de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) que la aportación teórica de los ayuntamiento al Fondo de Desarrollo Canario (Fedecan) vayan directamente a los municipios y no a los programas que gestiona los cabildos insulares, al menos mientras dure la situación de pérdida de recaudación y no se recuperen los niveles de ingreso previo a la crisis. Eso sería una ayuda muy importante para el conjunto de los municipios, no solo hablamos de Santa Cruz”.

-¿Y eso cuánto supondría para las arcas municipales?
“Nuestros cálculos son 33 millones de euros que revertirían en los distintos municipios. En el caso de Santa Cruz estaríamos hablando de algo más de 3,6 millones”.

-Eso supondría detraer esos fondos del Cabildo, que es el que ahora los gestiona y distribuye entre los municipios…
“Lo que proponemos es que los gestionemos nosotros directamente. Pueden estar condicionados a proyectos para la generación de empleo, pero son fondos que los municipios necesitan porque son la primera línea para cubrir las necesidades de las ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, tenemos el IMAS, que será el único que no verá recortado su presupuesto. Así que necesitamos más ingresos para hacer frente a las consecuencias de la crisis”.

-¿Cuál es entonces el plan del Ayuntamiento para capear esta situación? Usted ya ha confirmado que la caída de la inversión será del 50%…
“A pesar de esa caída, el ajuste presupuestario puede tener en este primer año de crisis un efecto relativo sobre los servicios municipales, porque si adecuamos la caída o la reducción del presupuesto a ese porcentaje, más o menos coincide con la capacidad real de ejecución del presupuesto. Sabemos que la inversión de las distintas áreas se ha venido ejecutando en los últimos años en torno al 30-40%, así que reducir la inversión al 50% supone que, en la práctica, no tenga un efecto real sobre la dinámica inversora que veníamos teniendo”.

-Eso en 2021, si se prolongara, ¿cuál sería el efecto?
“Un 2022 con un escenario como el actual sería mucho más preocupante a la hora de mantener el nivel actual de servicios y de inversión de la ciudad, algo que es fundamental mantener, porque no hay ningún otro sector económico que no sea el de la construcción, que tenga capacidad en el corto plazo para generar un alto volumen de empleo, que es la prioridad número uno para nosotros”.

-¿Y eso cómo se va a conseguir?
“Creemos que la política de vivienda es fundamental. Para el Ayuntamiento esta política es una prioridad, por este motivo de inversión pero también porque Santa Cruz tiene una necesidad creciente de vivienda. En la ciudad conviven dos prioridades, por un lado la política de vivienda como herramienta para reactivar sectores económicos, y por otro como forma de dar respuesta a una demanda social creciente, máxime en una situación de crisis, donde el ayuntamiento contribuye, pero que también tiene que venir de la mano de otras administraciones”.

-¿Ya se ha identificado todo el suelo susceptible de construir?
“Nuestra idea es tener todo el suelo disponible identificado para promociones de vivienda pública, ya sea porque esté calificado como tal o porque su calificación sea compatible con ello, para tener una capacidad de respuesta suficiente. Así, en la medida de que identifiquemos posibilidades de inversión, ya sea de forma directa o de otra administración, fundamentalmente del de Gobierno de Canarias, tenerlas listas para ponerlas a disposición. A esto tenemos que sumar la rehabilitación de viviendas, que también son una fuente de inversión, y ya hemos iniciado en estos primeros meses de Gobierno algunas licitaciones de proyectos ya con cargo al ARRU vigente mientras se culminan las del anterior”.

-¿La política de vivienda no se verá afectada por ese recorte en la inversión?
“No se ve afectada porque tiene financiación procedente de otras administraciones que se mantiene, ya sea del Gobierno de Canarias, del Ministerio o del Cabildo, y por supuesto la municipal. También es una oportunidad porque son obras ya financiadas, que no necesitan de nuevas aportaciones. Aún así seguimos explorando fórmulas para seguir ampliando la oferta de vivienda pública en la ciudad”.

-¿El endeudamiento es otra forma para tener ingresos?
“Con el endeudamiento lo que conseguimos es mantener el periodo de pago a proveedores, que es otras de las prioridades de Hacienda. Mantenerlo lo más bajo posible es la mejor forma de ayudar a las empresas que trabajan para el Ayuntamiento, y para eso necesitamos tener un colchón suficiente, porque, por otra parte, damos facilidades a los ciudadanos para hacer frente a sus obligaciones para la ciudad. También lo necesitamos porque se ha retrasado el periodo de cobranza, que provoca tensiones de tesorería, que el Ayuntamiento asume, pero que para eso necesita recurrir al sector financiero para tener ese músculo necesario y asumir el fraccionamiento, la periodificación de pagos o los aplazamientos que soliciten los vecinos”.

-¿Cuánto se va a solicitar?
“La cantidad estará en torno a los 40 millones. Preferimos estar holgados, porque, de momento, el coste de estas operaciones no es muy elevado”.

-¿Temen que caigan los ingresos propios?
“Nuestra caída de ingresos va a venir más por la vía del bloque de financiación canario, que son muy sensibles al ciclo económico. Los cálculos que hace el Gobierno de Canarias es que podamos tener el 35% menos de ingresos. La participación en los ingresos del Estado también se reducirá. En cuanto a los ingresos propios estimamos que se mantendrán, porque están vinculados a figuras como el IBI o el parque de vehículos, cuyos censos prácticamente no varían, tampoco lo hacen las tasa de basura y negocio, aunque este año por la crisis puede haber algo menos. Y la otra figura importante, el IAE, que solo afecta a las empresas que facturan más de un millón de euros, tampoco parece que vaya a variar. Lo único que nos podría afectar es la morosidad”.

-¿Y qué pasa con el IBI social, se va a mantener?
“La intención y así lo hemos hablado ya con el IMAS, y lo están estudiando, es que sea una ayuda más dentro del catálogo que ofrece el IMAS. No tiene sentido montar un dispositivo adicional para una ayuda tan concreta y específica, y que por cuantía no es demasiado elevada, para generar una estructura paralela. Lo ideal es que se integre en el catálogo de PEAS y en ese sentido los están estudiando los técnicos”.

-¿Se baraja implementar alguna otra bonificación en los tributos?
“Igual que decíamos que no vamos a subir la presión fiscal, también es cierto que es difícil tocar alguna figura impositiva, ya somos el que menos presión fiscal tiene del país. El esfuerzo está dirigido a ser más eficiente tanto en la recaudación como en la ejecución del gasto, sacando el mayor rendimiento posible”.

-¿Ha cuantificado lo que supondrá la caída de la inversión sobre el el presupuesto?
“Aún no lo hemos cuantificado pero estimamos que tendrá una reducción de 20 millones sobre el actual que es de 278”.