Canarias reformará por la vía de urgencia su legislación para garantizar a través del derecho de admisión que los turistas que recibe están libres de COVID-19: es decir, que en cuestión de días, sin test negativo, ningún viajero será admitido en un hotel, apartamento o vivienda vacacional. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y su consejera de Turismo, Yaiza Castilla, dieron a conocer ayer los principales detalles del decreto ley que su Gobierno quiere aprobar esta misma semana [con toda probabilidad en el Consejo de Gobierno del próximo viernes] tras haber visto, una y otra vez, cómo diferentes instancias nacionales y europeas rechazaban su propuesta de implantar los test en origen.
Castilla subrayó que el Gobierno canario cree haber encontrado la “ingeniería jurídica” precisa para convertirse en la primera comunidad que establece este tipo de control. Reconoce que no puede imponer directamente un test al viajero procedente del resto de España o de otro país, pero si hay una fórmula a través de la cual ejerce su derecho de admisión en los alojamientos reglados, que ahora pedirán a sus clientes una PCR o una prueba de antígenos negativa hecha un máximo de 72 horas antes. Tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado 21 de octubre, los turistas podrán decidir venir con la prueba hecha de su país de origen o realizarse la misma (test de antígenos) en las propias instalaciones hoteleras (algunos establecimientos podrán facilitar el test) o en un centro sanitario, clínica o laboratorio. Asimismo, los test, según avanzó el propio Gobierno, podrán ser costeados por el turoperador, que ha mostrado predisposición para pagarlos, o por el propio turista. Canarias apuesta claramente por los test de antígenos, capaces de detectar la infección de COVID con muy alta fiabilidad, en minutos y a un coste muy bajo (20-30 euros, frente a los más de 100 que cuesta una PCR). Para poder realizar todo esto, las Islas tendrán que reformar dos leyes autonómicas: la de Ordenación del Turismo y la de Actividades Clasificadas. Torres y Castilla subrayaron que Canarias no quiere ni arriesgar todo lo que ha conseguido para intentar que su industria turística salga del “cero” en el que está sumida desde mediados de marzo, ni mucho menos exponer a la salud de su población por brotes que hipotéticamente entren en las Islas a través de los turistas procedentes de otros lugares con mayor incidencia (el resto de España tiene una tasa de 410 por 100.000; Alemania, 130; y el Reino Unido, 384; Francia, 589; y los Países Bajos, 615).
La consejera aclaró también que el decreto ley hace referencia los “turistas”, ya sean españoles o de otros países, porque ese es el ámbito en el que puede legislar de forma ordinaria y dentro de sus competencias autonómicas, pero el presidente Torres precisó que el Gobierno de Canarias no descarta buscar una fórmula para el resto de viajeros que lleguen a las Islas sin tener como destino un hotel o un apartamento, aprovechando el paraguas del estado de alarma.
El texto del decreto ley fue presentado ayer al Consejo Asesor del Presidente, conformado de forma estable por las dos grandes patronales, CEOE, Confederación Canaria de Empresarios, UGT y CCOO y ampliado para esta ocasión con representantes de las cuatro patronales turísticas y de los siete cabildos del Archipiélago. La normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, aunque luego tenga que recibir obligatoriamente el refrendo del Parlamento autonómico. Sin embargo, el Gobierno canario también quiere preservar el “derecho a la información” de sus turistas de cualquier país y dará un plazo de unos días, aún por definir, pero nunca más de 15, para que esta normativa llegue a toda Europa a través de los turoperadores, las cadenas hoteleras, las agencias de viaje o las embajadas, de forma que todo el mundo conozca que necesita un test.
El Gobierno ofrece 150.000 euros por cada aerolínea que reactive vuelos
Precisamente para reactivar el turismo, la Consejería del ramo ha lanzado una convocatoria de incentivos promocionales para la recuperación de conectividad aérea con las Islas desde los países de la Unión Europea, con el resto del territorio nacional y con terceros países que representen mercados emisores de turistas. La dotación económica de esta convocatoria asciende inicialmente a 979.699 euros con un ámbito temporal de aplicación para los dos meses que restan de 2020. El umbral máximo a obtener por cada aerolínea es de 150.000 euros y se aplicará a aquellas rutas para noviembre y diciembre n
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