Mañana está previsto que la Guardia Civil, por orden de la Demarcación Provincial de Costas, proceda al desalojo de una decena de personas que han vuelto a instalar un asentamiento en suelo de protección de litoral, concretamente, en la playa de Los Enojados, en Las Galletas, en el municipio de Arona.
Un asentamiento incipiente, se señala desde el Ayuntamiento, después del desmontado hace dos años con la retirada de más de medio centenar de chabolas, casetas y autocaravanas.
Según se recoge en un informe de Cáritas, no hay recursos alojativos en el sur de Tenerife y, en concreto, en Arona, a pesar de que el Obispado ha cedido suelo y un local para lograr un recurso alojativo similar al ya existente en Granadilla.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que el local que tiene Cáritas en el casco de Arona no reúne las condiciones urbanísticas para la actividad a desarrollar y así se lo trasladó el alcalde José Julián Mena al obispo Bernardo Álvarez en una visita de este a Arona.
El informe de Cáritas, a través de la unidad móvil de atención en calle (UMAC), relata que actualmente en Los Enojados residen personas en situación de sin hogar sin alternativa alojativa y en situación de grave vulnerabilidad social, y así se ha hecho saber a los Servicios Sociales municipales, de la que son o han sido usuarios siete de las 11 personas entrevistas por Cáritas, cinco empadronadas en Arona.
Relata el informe que en el asentamiento viven nueve personas fijas y dos ocasionales, aunque han llegado a haber 20, abandonando muchas de ellas el lugar ante la amenaza del desalojo de un asentamiento donde viven, en un espacio público a la intemperie, alojados en casetas de campaña o en estructuras temporales y no convencionales, sin red eléctrica y solo una de las personas atendidas hace uso de una placa solar para cargar su teléfono móvil.
El agua la obtienen a través de un grifo que ha habilitado Cruz Roja y el aseo personal lo realizan en las duchas de la playa. La mayoría de los usuarios del asentamiento acuden a las instalaciones de Cruz Roja para recibir el almuerzo y la cena.
Uno de las personas vive en un terreno privado con permiso del propietario y de las 10 restantes, cuatro son mujeres y seis, hombres. Ocho no cuentan con alternativa alojativa y 1 refiere tener la posibilidad de regresar a su comunidad autónoma de origen con su familia. Solo una recibe una prestación económica y dos se dedican a trabajos en economía sumergida. Asimismo, dos de ellos son extranjeros (Argentina y Senegal) y todos dicen tener una relación cordial con los vecinos de la zona.
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